Una de auditoras en capilla, asistentes en R8 y jueces corruptos

Conforme se estudia, analiza y revisa a detalle la gestión y herencia administrativa del barbosismo, se ha ido descubriendo el cochinero y la podredumbre con la que se gobernó el estado de Puebla durante cuatro años.

Se dice que son muchas las irregularidades, corruptelas, desfalcos y demás artilugios maquinados para poder saquear las arcas poblanas.

Primero salieron con que se había invertido en Accendo Banco 600 millones de pesos y, lamentablemente, quebró la institución financiera, la cual, aseguran, solo era una fachada para jinetear el dinero y compartir ganancias.

Después, que se encontró un segundo hoyo financiero de 722 millones de pesos relacionados con el Impuesto Sobre la Renta (ISR), referente a sueldos y salarios, los cuales no fueron calculados de manera adecuada por el gobierno barbosista.

Y todo se le ha adjudicado a la exsecretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, quien hasta el momento no tiene preocupación alguna porque nadie se ha interesado en denunciarla, o en exigirle que comparezca para rendir cuentas.

Empero, ahora, en una tercera revelación, se dice que fueron alrededor de 25 mil 275 millones de pesos los que no fueron comprobados ni solventados por Finanzas y Castro Corro, de los periodos 2019 al 2021.

¿Qué tal?

El gobierno barbosista resultó peor que cualquier otro.

Y cuántos golpes de pecho se daban.

Bien dice que nadie sabe para quién trabaja.

Me pregunto ¿dónde está la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, para poder explicar la parte que le toca en esto?

Ahora entiendo por qué el barbosismo y el Congreso del estado, en su momento, la designaron como auditora del estado.

Y es que si no supo explicar en su momento qué es una cuenta pública, mucho menos podría detallar qué se hizo y dónde están los recursos que se movieron en la gestión barbosista.

Justo por eso la pusieron en la ASE.

Para que no comentara ni diera detalles al respecto.

Sin embargo, no entiendo qué espera el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina para obligar su remoción del cargo.

¿De qué más estará encubriendo Amanda Gómez al barbosismo?

¿Hasta dónde abarcará el socavón financiero que dejó el desgobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta?

¿De qué más nos estaremos enterando los poblanos?

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¿Qué explicación dará el senador Alejandro Armenta Mier para justificar que su asistente, José Luis García Parra, mejor conocido como “El Choco”, haya adquirido un Audi R8?

¿Cómo dirá que se lo pudo comprar?

¿Pues no que predican con el ejemplo de la austeridad en su equipo?

El video del colaborador de Armenta se viralizó a tal grado que el escándalo de la compra del automóvil millonario se hizo nota nacional.

Tanto, que Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, bautizó el automóvil como “el coche del bienestar”, o “el Audi del bienestar”.

Hágame, usted el favor.

¿A quién carajo se le ocurre comprarse un auto de súper lujo trabajando en la 4T y formando parte de Morena?

Ya sabemos que a los chairos no se les caracteriza por su capacidad, pero esta vez se pasaron.

¿Nadie le explicó al mentado “Choco” que su capricho repercutiría y afectaría los intereses políticos de su jefe?

Dijera el clásico: Está viendo y no ve.

O se quiso hacer el gracioso, o de plano García Parra no entiende nada de política.

¿Qué esperará Armenta para salir a enfrentar el escándalo de uno de sus hombres más cercanos?

Por cierto, me dijo un pajarito que “El Choco” iba a tener que regresar el auto.

Eso si quería seguir siendo parte del equipo del senador.

A ver si es cierto.

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Y luego niegan que en el Poder judicial en Puebla no están podridas las cosas.

Tuvo que salir al paso el presidente Andrés Manuel López Obrador para evidenciar a los jueces corruptos, como el juez de Control Aarón Hernández Chino, quien dejó libre a un diácono acusado de abusar sexualmente de un menor de edad de apenas 7 años en Aquixtla, para que el Consejo de la Judicatura se pusiera a trabajar.

¿Quién será el responsable del caso, el Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado?

¿Carlos Palafox Galeana o Gilberto Higuera Bernal?

¿O es la presidenta del Poder Judicial en Puebla, Margarita Gayosso Ponce?

Porque también está el caso del juez Javier Martínez, quien dejó libre a un secuestrador, y nadie dijo nada.

¿Pero qué tal para andarse luciendo en los medios?

Así las cosas en el Poder Judicial en Puebla, donde solo hacen que trabajan pero nada más se hacen patos.