Diga lo que diga la cargada y el oficialismo obradorista, ayer triunfo la democracia y se mostró en todo su esplendor la división de poderes que debe existir en el México moderno.
Y es que nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echaron abajo y enterraron la primera parte del mentado Plan B, de la contrarreforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Una vez conocida la votación de los ministros, la chairiza y el oficialismo en pleno se dedicaron a criticar, denostar y descalificar a quienes votaron en contra del plan que pretendía eliminar lo que el actual sistema electoral ha logrado madurar en años.
Queda claro, con el resolutivo de la Corte y de los nueve ministros que votaron en contra, que la 4T y el presidente querían reformar la ley a su conveniencia.
Porque la SCJN le enmendó la plana al Poder Legislativo; es decir, al Congreso de la Unión en su conjunto, a pesar de las presiones de las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, cercanas al presidente AMLO, y quienes se pronunciaron en contra del proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán.
A los corifeos del obradorismo ya sólo le quedó como remedio arremeter contra los ministros que desecharon el Plan B, argumentando que pretendieron sustituir al Poder Legislativo desechando el deseo de la mayoría.
Sin embargo, no señalan que los verdaderos culpables de la muerte del mentado Plan B son los mismos legisladores de Morena, quienes se saltaron todo el procedimiento legal para aprobar a vapor las reformas dictadas desde Palacio Nacional.
Sobre todo, porque la segunda parte del Plan B, siguiendo la ruta que tuvo la primera, es seguro que sea desechada por los ministros de la Corte.
Ayer, la ministra presidenta Norma Piña Hernández sentenció que el resolutivo para invalidar la primera parte del Plan B se dio por las violaciones al procedimiento legislativo de las reformas político-electorales 2022/2023.
Agregó, además, que con esto se salvaguarda el derecho de las minorías para conocer lo que se debate y a que se les escuche.
Empero, la miopía política del oficialismo provocó una reacción violenta contra los 9 ministros que echaron abajo la intención del Plan B, a pesar que esto permite conservar las reglas y normas electorales que existen desde antes que se aprobara la polémica contrarreforma.
Así que ahora las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas se mantienen vigentes; por cierto, para fortuna del obradorismo, porque son con las que Morena y sus aliados obtuvieron el triunfo en la elección del 2018.
¿A poco más a modo quieren la ley?
Lo único bueno de todo esto es que por fin en México se empieza a ver un contrapeso y equilibrio entre los distintos poderes de gobierno, el cual no permite que se haga la voluntad absoluta de uno u otro.
Por algo dicen que en México debe haber una república, no para una sola persona, sino para todos.
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