La Corte Penal Internacional (CPI) ha declarado que el presidente ruso, Vladimir Putin, es responsable de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia.

El tribunal ha indicado que estas acciones se llevaron a cabo en Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022, cuando Rusia inició su invasión a gran escala contra el país de Europa del este. Moscú ha negado las acusaciones de crímenes de guerra durante la invasión.

La CPI ha acusado a Putin de estar involucrado en la deportación de niños y ha declarado tener motivos razonables para creer que él cometió los actos directamente, además de trabajar con otras personas.

El tribunal también ha indicado que el líder ruso no ejerció sus competencias para detener a otros que deportaron menores. Además de Putin, la CPI también ha emitido una orden de arresto contra la comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.

El fiscal de la CPI, Karim Ahmad Khan, ha expresado que “no podemos permitir que los niños sean tratados como botín de guerra“. “Debemos asegurarnos de que los responsables de los supuestos crímenes sean llevados a la justicia y que los niños regresen a sus familias”, añadió.

Aunque la CPI ha emitido una orden de arresto contra Putin y Lvova-Belova, el tribunal no tiene poderes para detener a los sospechosos y sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo que estableció la corte. Rusia no es signataria del acuerdo, por lo cual es poco probable que ninguno de los dos sea extraditado.

Sin embargo, la orden convertirá al presidente ruso en un paria internacional y le dificultará viajar, especialmente a cualquier país que esté inscrito en la CPI. Los miembros de la CPI están obligados a arrestar a cualquier persona acusada por el tribunal.