El gobierno mexicano sigue utilizando a los videojuegos como un chivo expiatorio. En esta ocasión no fue Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien arremetió contra esta industria. Más bien fue el turno de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, de dar la nota.

En la conferencia de prensa del 21 de diciembre de 2021, Ebrard fue cuestionado sobre una demanda que el gobierno mexicano presentó contra fabricantes de armas en Estados Unidos. En caso de que no lo sepas, el gobierno de nuestro país presentó este procedimiento legal ya que aseguran que diferentes fabricantes de armas venden productos vinculados a la violencia en México.

“Es una demanda presentada por México contra 11 compañías de armas en la corta de Massachusetts. Fue presentada el día 4 de agosto de 2021. ¿Qué es lo que México reclama en esa demanda? Que las prácticas de fabricación, distribución, publicidad y venta de estas empresas favorecen el tráfico y uso de armas en México vinculado a la violencia.

El argumento de las compañías es: ‘bueno, yo vendo un arma y no es mi responsabilidad qué haces con el arma’. Lo que no dicen, y sí lo decimos nosotros en nuestra demanda es que están generando armas incluso que saben que están destinadas al mercado vinculado al narcotráfico y a la violencia en México”, fueron las palabras del canciller.

Lo que al final llamó la atención es que Ebrard aseguró que estos fabricantes de armas están financiando a la industria del gaming. Esto para fomentar el consumo de armas entre jóvenes y también convertir la violencia en “una especie de competencia”.

“También están financiando videojuegos, ¿eh? Para fomentar la expansión del consumo de armas con los jóvenes. Para quitarle la dimensión humana a lo que significa agredir a otra persona con un arma y convertirlo en una especie de competencia con armas especialmente diseñadas para ello”, aseguró Ebrard.

Cabe mencionar que Ebrard no presentó pruebas ni dio ningún tipo de ejemplo sobre esta situación. Hasta ahora, no existe ningún caso público en el que una empresa de videojuegos haya recibido dinero para promocionar un arma.