El próximo 18 de mayo se decidirá si Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, obtiene o no su libertad, pues el juez decidirá si acepta el amparo presentado por la defensa en el que se cuestiona el auto de formal prisión. Al exmandatario se le acusa de torturar a la periodista Lydia Cacho en 2005.

El tribunal de Cancún resolverá si el amparo es válido, de no ser así, Marín continuará en la cárcel y el proceso seguirá hasta que el juicio llegue a una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria.

María Eva Lozada Carmona y Eduardo Padilla, abogados del exgobernador, dijeron que es falso que organismos internacionales comprobaran el delito de tortura, por el contrario, señalan que la comisión de Derechos Humanos de la ONU concluyó que se violó la libertad de expresión en contra de la periodista, en el momento en el que se le demandó por el delito de difamación.

Por lo que, el delito que acusa; es decir tortura, tiene que ser investigado por las fiscalías de las entidades en las que dice que sucedieron los hechos y, en su caso, ser juzgados por los tribunales de estado y si resultara culpable tendría que pagar la reparación del daño de manera económica.

“No defiende con argumentos sólidos y pruebas contundentes, sino con dichos y supuestas pruebas ilícitas y a modo, recabadas ilegalmente por la fiscal que conoció de la averiguación y previamente fue quien la asesoró ante la juez que le dictó la orden de APREHENSIÓN por DIFAMACION”, señalan.