El Congreso local de Puebla, México, ha aprobado de manera unánime la reforma de los códigos Penal y Civil para quitar la patria potestad a los feminicidas y suspenderla a aquellas personas que están siendo investigadas por feminicidio, convirtiéndose en el primer estado en hacerlo en el país.

La reforma, llamada “Ley Monzón” en honor a la abogada feminista Cecilia Monzón, quien fue asesinada en mayo de 2022, marca un precedente en el país y puede abrir la puerta a que otros estados legislen en el mismo sentido.

La ley busca velar por el interés superior del menor, incluso por encima de la presunción de inocencia de los presuntos feminicidas, suspendiendo la patria potestad de los menores cuyo padre esté vinculado a proceso por un feminicidio o intento de feminicidio.

Si se confirma la sentencia, el hombre perdería de manera definitiva ese derecho.

La diputada del PT Mónica Silva, impulsora de la medida, dijo que estas violencias tienen efectos colaterales, especialmente cuando existen niñas, niños y adolescentes involucrados, que se convierten en víctimas indirectas.

La familia de Cecilia Monzón, que actualmente tiene la custodia del hijo de la activista, un niño de cuatro años, ha celebrado la aprobación de la reforma legislativa. Sin embargo, el presunto feminicida, dada la legislación actual, conserva el derecho a la patria potestad del menor.

La aprobación de la ley no aplicaría en el caso de Cecilia Monzón debido al carácter retroactivo de las normas.

De igual manera el Congreso aprobó por unanimidad la tipificación de los ataques con ácido como tentativa de feminicidio en el Estado. Durante la votación, varias mujeres víctimas de estos ataques, entre ellas Carmen Sánchez, Esmeralda Millán y la saxofonista María Elena Ríos, estuvieron presentes en la tribuna de invitados acompañadas por activistas del movimiento feminista.

El dictamen incluye en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el término de “violencia ácida”, que se refiere a cualquier acto que inflige daño no accidental utilizando ácido o cualquier sustancia corrosiva que pueda provocar lesiones internas, externas o ambas. La reforma también modifica el Código Penal estatal, que establece que estas lesiones serán sancionadas con penas que van desde los 20 a los 40 años de prisión.

Según la Fundación Carmen Sánchez, en los últimos 20 años, 28 mujeres han sido atacadas con ácido en México, y según datos de las Naciones Unidas, aproximadamente 1,500 personas son agredidas con ácido y sustancias corrosivas cada año, siendo el 80% de las víctimas mujeres. Además, según las cifras de la Fundación, seis de cada 10 ataques con ácido en México son cometidos por parejas o exparejas de las víctimas.