El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencias de la OMS emitió una declaración en torno a un nuevo virus que comenzaba a tomar relevancia e impacto internacional. En el contexto mexicano, la epidemia derivada de la enfermedad por coronavirus dejó al desnudo los dolores más profundos que se viven en nuestro país.

Como parte de las discusiones en el marco de la Cátedra Cossío organizada por la IBERO Puebla, académicos de la Universidad Iberoamericana Torreón repasaron los retos para las familias de las personas desaparecidas, para quienes el resguardo domiciliario no ha sido una opción: la búsqueda es la regla, la trinchera está afuera.

De acuerdo con lo relatado por la Mtra. Migdy Yosdel García Vargas, coordinadora de los posgrados en Derecho de la Institución, entre 1964 y noviembre de 2020 se han registrado 194,849 personas desaparecidas, de las cuales 79,506 no han sido localizadas. 

Torreón llegó a ocupar el quinto lugar mundial entre las ciudades más peligrosas. Además, Coahuila se encuentra en el primero de cuatro grupos tipificados por la Fiscalía General de la República (FGR) para medir el riesgo de secuestro y desaparición, pues suman 1,779 personas desaparecidas en la entidad. En respuesta, las familias de personas desaparecidas se han organizado en cinco colectivos de búsqueda y protesta.

El tema central de las demandas continúa siendo la escucha activa de las familias para contrarrestar la revictimización y estigmatización: “se hace un llamado para que dejen de existir estos protocolos de oídos sordos”, sentenció García Vargas.

Todo se detiene, pero la búsqueda sigue

Silvia Stephanie tenía 16 años cuando fue apartada de su familia. Desde 2004, su madre, la Lic. Silvia Ortiz, ha caminado junto a decenas de personas en busca de respuestas. La suma de esfuerzos dio pie a la creación de Grupo Vida hace casi una década, un colectivo que cobija a más de 200 familias de Coahuila.

El secuestro no era un delito tipificado cuando su hija desapareció. Gracias a la insistencia de los colectivos se han creado recursos como la Ley General de Víctimas, la cual dio pie a la Ley de Desaparición. Ambas normativas, no obstante, tienen carencias puntuales. “No podemos permitir que se separe la investigación de la búsqueda. El principal punto que hemos peleado es: ‘sin las familias no’. Somos nosotros los que realmente investigamos”.

Forzada a convertirse en activista, Silvia se asume escéptica de la justicia. Su argumento recae en las incontables expresiones de impunidad y la ausencia de figuras jurídicas claves como son los testigos. Se necesita, explicó, de investigaciones ejemplares que puedan fundamentar los hechos, pues la falta de respuestas por parte de los delincuentes mueve a las familias a buscar a sus seres amados en todos los espacios imaginables.