El Tren Maya, el principal proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para el sureste mexicano, ofrece un viaje al desarrollo pero también despierta críticas entre expertos y pueblos originarios por el temor a una mayor explotación medioambiental y laboral.

El Tren Maya, cuya construcción comenzó en junio de 2020, recorrerá a partir de 2023 cerca de 1,554 kilómetros en 7 tramos con 19 estaciones para transporte de pasajeros locales, turistas y carga en los 5 estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El gobierno estima una inversión total de más de 6,294 millones de dólares para la obra, de los que este año se ejecutarán 41,852 millones de pesos (más de 2,092 millones de dólares) y la creación de 80,000 empleos con la construcción de los primeros 5 tramos.

A este estimado, se añadirían 715,000 nuevos empleos de aquí a 2030 en los 16 municipios que tendrán una estación de ferrocarril y otros 150,000 empleos asociados en la economía rural, para totalizar casi 1 millón, según un estudio del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

La citada entidad del sistema de las Naciones Unidas también anticipó un incremento del 28% de la población originaria ocupada con respecto a 2015, al estimar que 46 de cada 100 personas empleadas serán de comunidades indígenas.

“Para el gobierno es progreso, es desarrollo y eso significa más trabajos y más urbanización. Para nosotros como mayas eso implica que otra vez nos ven como mano de obra barata, implica especulación de la tierra y, por lo tanto, despojo”, expresó este sábado a Efe Alberto Velázquez, de la asociación civil Indignación.

Velázquez cuestiona la calidad de los trabajos que tendrán los pobladores originarios: “Van a ser los que limpien los hoteles, los restaurantes, meseros. Van a ser básicamente, como dicen los compañeros, la gente que va a limpiar la mierda de los turistas”, afirmó el antropólogo de origen maya.