Las instituciones que integran el Consorcio Universitario piden al Congreso del Estado se analice a fondeo la iniciativa de Ley de Educación en Puebla, por considerar que vulnera sus derechos como universidades particulares.

Reconocemos y celebramos la incorporación en la Iniciativa de Ley de Educación del Estado de Puebla del concepto del humanismo como eje primordial para la transformación de la sociedad.

Las instituciones particulares de educación, específicamente las del Estado de Puebla, somos aliadas de los gobiernos estatal y federal en la ardua tarea de impartir educación a toda la población.

Al mismo tiempo, la iniciativa presenta disposiciones de carácter general que no reconocen a los particulares ningún derecho, excepto el de impartir educación en sus diversos tipos y modalidades. Algunas de las obligaciones introducidas resultan excesivas, como que “los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público educativo serán de color neutro”. Incrementa atribuciones de supervisión y vigilancia a la Autoridad Educativa Estatal respecto de planteles y programas, afectando los principios de certeza jurídica, simplificación y equidad entre las instituciones.

Vulnera el derecho de autogestión y decisión sobre el destino de los recursos obtenido lícitamente por las instituciones particulares. Afecta también el derecho a la obtención y gestión lícita de recursos.

En el apartado de bienes muebles se vulnera el principio de legalidad, abriendo el paso a la incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. Asimismo, contraviene el principio de libertad académica al establecer que, los reconocimientos de validez oficial de estudios “se otorgarán cuando los solicitantes cuenten con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes”.

Ofrecer una educación de calidad sólo es posible en un entorno normativo abierto y en un marco de libertades que permitan a las instituciones particulares de educación centrar su labor en el trabajo académico y la mejora permanente, y no en la gestión burocrática y el cumplimiento de normas excesivas.

Los miembros del Consorcio Universitario hacemos un llamado a un diálogo incluyente en pos de la mejora de la calidad, la pertinencia social y una perspectiva humanista, en favor de estudiantes, sus familias y la sociedad.

La nueva legislación debe reconocer la importancia de la educación impartida por los particulares dentro del Sistema Educativo Estatal, así como el avance y la madurez alcanzados por sus instituciones.

Ofrecer una educación de calidad sólo es posible en un entorno normativo abierto y en un marco de libertades que permitan a las instituciones particulares de educación centrar su labor en el trabajo académico y la mejora permanente, y no en la gestión burocrática y el cumplimiento de normas excesivas que no agregan ningún valor al proceso educativo de excelencia que ofrecen las instituciones particulares de educación consolidadas y con genuino compromiso social.