La activista Edurne Ochoa Ledesma y la diputada local Nora Merino Escamilla presentarán ante el Congreso de Puebla un paquete de iniciativas para castigar con cárcel y sanciones económicas el “sicariato digital”.

En rueda de prensa, ambas expusieron la necesidad de contar con una legislación adecuada que otorgue protección a toda persona en los entornos digitales.

El “sicariato digital” comprende la violencia digital que tiene por objeto destruir la integridad y credibilidad de una persona, explicaron Nora Merino y Edurne Ochoa en el encuentro con medios.

Con las tres iniciativas que se presentará este mismo día al Congreso de Puebla, señaló Merino Escamilla, se busca inhibir la intervención, el robo y hackeo de datos, y la ciberviolencia política, sobre todo en favor de los derechos y la integridad de las mujeres.

Por su parte, la activista Edurne Ochoa compartió los episodios de violencia digital que ha sufrido, como la intervención de sus cuentas de WhatsApp y Telegram, lo que le ha obligado a cambiar de línea telefónica en diversas ocasiones y adquirir dispositivos de tecnología avanzada.

La presentación de estas iniciativas adquiere mayor relevancia de cara al proceso electoral de 2024, ya que, señalaron las ponentes, es en este periodo cuando se incrementan los casos de acoso, la creación de bots y las campañas negras en contra de candidatos.

Las tres iniciativas que comprende la Ley Contra el Sicariato Digital contemplan modificaciones al Código Penal del Estado, a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado de Puebla, y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

En el primer caso, destaca la creación de la figura de “delitos informáticos entre particulares”, para denunciar hackeo, intervención, compra, venta y distribución de datos, imágenes, audios o videos obtenidos sin consentimiento; con agravantes en caso de que la víctima sea mujer o menor de edad, o si quien comete el delito es un partido político, candidato, precandidato, servidor público o medio de comunicación.

En el caso de las modificaciones a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sobresalen la “ciberviolencia política” contra las mujeres y la inclusión de toda forma de violencia en contra de ellas y no únicamente la de contenido erótico o sexual. Además, se permitirá que las mujeres soliciten la eliminación de información, datos, audios o videos que las violenten.

Finalmente, en la Ley Orgánica de la Administración Pública, se otorga a la Secretaría de Seguridad Pública del estado la facultad de implementar una Estrategia Estatal de Ciberseguridad para garantizar la seguridad de las personas físicas o morales, y se establece la obligación de cooperar con la Fiscalía General del Estado (FGE) en la investigación de delitos.