Terrorismo y violencia laboral, así como de género, además de discriminación y amenazas, es el ambiente al que el personal que labora en el Congreso del Estado de Puebla es sometido.

No hay quien defienda los derechos, las causas y evite los abusos que en la actualidad se dan en el Poder Legislativo contra los trabajadores.

Nadie los protege.

Nadie dice nada.

Ni los directivos, ni las bancadas, ni sus coordinadores, y mucho menos el líder de la LXI Legislatura, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, diputado de Morena.

Son muchos los casos ya acumulados en el Congreso que encienden los focos rojos y ponen en entredicho la estabilidad laboral que se vive en la cámara de diputados poblana.

Por ello, la actual Legislatura se sumará a otros congresos del pasado y del montón que generaron polémica únicamente por sus escándalos y no por su trabajo en beneficio de los poblanos.

Si alguien pensó que la LXI Legislatura sería distinta, se equivocó.

El despido injustificado, disfrazado de renuncia voluntaria, al que fue sometida la Maestra Martha Leticia Marañón Valle, exanalista especializada del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar” del Congreso local, es la muestra de los abusos a los que los trabajadores se enfrentan.

En la edición pasada de Posdata informé que después de trabajar alrededor de 9 años en el Congreso, Leticia Marañón fue despedida sin mayor argumento que “las órdenes del diputado presidente”.

Y aunque ingresó a laborar a través de un examen de conocimientos, y no por un “padrino político”, como regularmente se da en el Congreso, la administración de Sergio Salomón decidió despedirla obligándola a firmar su renuncia.

Ante el abuso, Leticia Marañón envió a Sergio Salomón un oficio para denunciar el atropello laboral del que había sido víctima, para rogarle, además, que no la corriera porque es madre de una menor a la que brinda manutención sola.

Incluso, le propuso al líder del Congreso, en su carta, poder ser reubicada si es que su jefe inmediato, de nombre Rubén Alejandro Paredes Castañeda, nuevo titular de Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar”, no la quisiera.

Sin embargo, el diputado Sergio Salomón hizo caso omiso de todo lo que su extrabajadora denunció y, reveló, sigue sucediendo en el Congreso.

Ya lo pregunté antes, pero lo reitero: ¿y así quiere Sergio Salomón ser candidato de Morena y gobernador del estado en 2024?

Como lo había dicho en la anterior edición de Posdata, lo más grave es que este caso arrastra a muchos otros funcionarios que se dan golpes de pecho y que regularmente pegan el grito en el cielo cuando dizque hay una injusticia laboral, o cuando se trata de los abusos contra una mujer en el Congreso.

Porque la queja de Martha Leticia Marañón fue copiada y entregada en distintas instancias internas del Congreso, y en dependencias donde supuestamente sus titulares están dedicados a defender los derechos humanos y de la mujer, cosa que no ha sucedido.

El documento fue remitido con copia a la oficina del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, a María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); a José Félix Cerezo Vélez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla); al secretario general del Congreso, José Norberto Rodríguez Medina; a Julieta Hernández Vega, titular del órgano de control interno; a María del Rocío García Olmedo, titular de la Unidad de Igualdad de Género, y a María del Rosario Báez Sánchez, ombudsperson del Grupo de Igualdad de Género del Congreso.

Ni a las defensoras de los temas de la mujer en el Congreso parece que les importó el caso de Martha Leticia Marañón, porque enmudecieron.

Qué pena lo que pasa en el Congreso del estado.

Qué tristeza que ninguno de los 41 diputados haya hecho algo por terminar con este tipo de abusos.

¿Y así se dicen representantes del pueblo?

¿Y así quieren, muchas veces, seguir postergando su mandato?

Ya nos veremos en 2024.

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