El conflicto de la Udlap y la posible destitución del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, son dos bombas molotov que podrían estallarle al gobierno del estado y generar nuevos escándalos en Puebla.
Escándalos que, sumados a la aparición del cuerpo del bebé Tadeo en el Cereso de San Miguel, van a continuar deteriorando la imagen de los poblanos.
El primero, el asunto de la Udlap ya escaló y se volvió un tema nacional en el que políticos, artistas, actores, académicos, analistas y periodistas están metidos a fin de que se libere a la institución al cien por ciento.
De nada sirvió la dimisión de Armando Ríos Piter como supuesto rector interino, toda vez que -se dice- los verdaderos operadores de la toma de la universidad, de su cierre y de que hoy resté en franca decadencia se mantienen firmes.
Y siguen inmóviles, presuntamente, detrás del patronato que encabeza Horacio Magaña Martínez, quien sigue ejerciendo presión para pegarle mediáticamente al grupo de Margarita Jenkins de Landa, quien impulsa a la rectora Cecilia Anaya Berríos.
Empero, lo grave del asunto es que el caso de la Udlap ya llegó al Congreso de la Unión, a la cámara baja y a la cámara alta, por lo que se está posicionando como un asunto ya no de una disputa entre particulares sino más bien como un pleito político de mayores dimensiones.
¿Conviene al gobierno del estado que también el asunto de la Udlap estallé y se vuelva un tema para hacer mofa de Puebla?
¿No sería más fácil, si ya cayó Ríos Piter, intervenir para que la Udlap sea liberada y se entregue a la Fundación Mary Street Jenkins, como originalmente se mantenía?
¿Por qué no continuar el pleito legalmente, en tribunales, entregar el campus para que sea intervenido, rescatado y empiece a operar con normalidad, por los estudiantes?
¿Qué es más perjudicial, el desprestigio de la Udlap o el de todo el estado?
El “patronado espurio”, como le llaman los estudiantes inconformes, que encabeza Horacio Magaña se equivocó porque mantuvo la universidad cerrada, vigilada en un inicio por la policía estatal, en malas condiciones, sin trámite alguno, sin clases y generando caos e incertidumbre entre toda su comunidad.
¿Es necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intervenga en el caso para que este se resuelva?
¿Qué no hay operadores en el gobierno poblano que la hagan de mediadores a fin de que el conflicto en la Udlap deje de ser un conflicto nacional?
Y el segundo de los casos, el del aún auditor Francisco Romero que es igual de grave.
Porque en los pasillos de la propia ASE, del Congreso del Estado y entre la clase política se dice que el auditor está dispuesto a defender su posición a como dé lugar, sobre cualquier acusación, supuesto delito o estrategia que le quieran armar para echarlo de su cargo.
Que incluso ya está preparado para llegar hasta las última consecuencias.
En este caso la cosa se está poniendo igual de delicada y, también, podría estallar en un escándalo de dimensiones desproporcionadas, tales que le pegarían a la imagen del gobierno del estado.
¿Es necesario llegar a esto?
Sobre todo pensando que Francisco Romero conoce el teje y maneje de la fiscalización en Puebla, en la que está de por medio documentación oficial de todos los sujetos obligados a rendir cuentas a la autoridad fiscalizadora.
Además, si pensamos mal, el auditor debe estar enterado de las acciones que se han ejecutado para la sanción, destitución o acuerdo de tal o cual servidor público.
Y siendo todavía muy mal pensados, imaginemos que ha habido pactos políticos en la fiscalización de los recursos públicos en Puebla en lugar de acciones legales para presionar a determinados funcionarios.
O que sí se ha utilizado un garrote político para fregarse a alguien determinado.
Desde luego que esto le pegaría primero al mismo auditor, pero también a quienes hubiesen impulsado malas prácticas en la ASE.
O a poco creen que en la auditoría no se ha aplicado aquello de “a los amigos la ley y gracia, mientras que a los enemigos la ley a secas”.
Por cierto, mientras tanto en el Congreso del Estado avanza la creación de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación, la cual pretende sustituir a la Comisión Inspectora, misma que tendrá facultades para remover de la ASE a Francisco Romero.
En twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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