Con la exsecretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Beatriz Martínez Carreño, se fueron 26 funcionarios que colaboraron con ella, entre directores y jefes de departamentos, los cuales, no están exentos a una investigación, informó el director jurídico del Ayuntamiento de Puebla Edgar Damián Romero Sánchez coordinador de la consejería jurídica.

“Aproximadamente, hasta hoy 26 renuncias de funcionarios que, derivado del proceso de destitución, deciden separarse de sus cargos públicos, vamos a realizar una auditoria profunda de las secretarías y direcciones. Las renuncias, no los exime a un servidor público responder ante las autoridades competentes”

También, en entrevista, detalló que el proceso entrega-recepción culminó en la dependencia, destacando que al ser la más grande, se firmaron 9 mil fojas que tienen que ver con recursos humanos, financieros, materiales, tramites en las direcciones adscritas.

En aquel, intervinieron seis funcionarios y se estamparon 54 mil firmas en total, por lo que este trámite fue muy extenso.

Negó que se le haya retenido a la exfuncionaria u obligado a llevar a cabo un proceso fuera de la ley, es más, sostuvo que si ella no hubiese cumplido con el mismo, sí caería en una irregularidad.

“Es una obligación de la servidora entregar, no de la administración, si ella se hubiera tomado más tiempo, la que hubiera ingresado en una irregularidad es la extitular. No podemos esperar que 102 millones de pesos de presupuesto, con 346 personas adscritas a la dependencia, una diligencia no iba a durar”.

Destacó que sus señalamientos carecen de precisón, pues declaró que la tuvieron en las oficinas largas horas sin saber por qué.

“La extitular debe dedicarse en preparar su defensa ante la fiscalía, no en el municipio. Una diligencia es tardada porque la secretaría es de las más grandes, esa fue la razón, en el acto de entrega-recepción, no se audita, no se platean responsables, no se crean denuncias, por esta complejidad es que la diligencia, tuvo grande duración”.

Por último, dijo que ni la presidente Claudia Rivera Vivanco, ni la encargada de despacho va a presumir la comisión o no de un delito, será la Fiscalía General del Estado.