Ahora que los estudiantes inconformes de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) están dispuestos a todo con tal de recuperar su escuela, sería bueno preguntar qué es lo que harán, también, para que el grupo que representa la rectora Cecilia Anaya Berríos apoye su causa.

Porque me parece un buen momento para que las dos partes en conflicto en la institución se pronuncien por otorgar apoyos especiales a los estudiantes afectados por su conflicto. Sobre todo la que va ganando terreno.

Conflicto, desde luego, originado por el pleito entre los dos patronatos que se dicen dueños de la verdad, encargados de las instalaciones de la Udlap y administradores de 730 millones de dólares de la fortuna que se disputan.

Mucho se ha dicho, escrito, escuchado y visto sobre el conflicto interno de esta universidad, en el que la situación de toda su comunidad, de cada estudiante, empleado y maestro ha quedado a un lado por el pleito de la herencia de William O. Jenkins.

Ya son casi ocho meses de conflicto de la guerra sin tregua y de ver correr sangre en la Udlap entre uno y otro grupo.

Empero, ¿y los intereses de los estudiantes dónde han quedado?

¿A quién le interesan los estudios truncados y el tiempo perdido de los universitarios de la Udlap?

¿Quién ha dicho algo de las colegiaturas pagadas por los padres de los estudiantes, quienes al final se quedaron en el limbo cuando estalló la guerra en la universidad?

Es más, quien ha ofrecido apoyo alguno para que esos estudiantes afectados por los problemas internos de la Udlap puedan continuar con sus estudios, con sus trámites de titulación, con sus prácticas, con su formación deportiva y con todo lo que requieren para estar actualizados.

¿A quién carajo le preocupa la situación de los estudiantes que sí quieren estudiar?

Ni el grupo que encabeza Margarita Jenkins de Landa, ni tampoco el que lidera Horacio Magaña Martínez, ha pensado en el bienestar de los estudiantes de la universidad que dicen defender.

A las dos partes les ha valido madre, literal, la situación académica de los estudiantes y la económica de los padres de familia, maestros y trabajadores.

Ellos ven por sus intereses.

Y lo digo porque es momento que la rectora Cecilia Anaya ofrezca, además de las gracias a las universidades poblanas que ofrecieron sus instalaciones para que los estudiantes de las Udlap tomen clases, apoyos en materia económica a los estudiantes como incentivo.

Porque no es lo mismo que los alumnos tomen clases en una universidad ajena a que lo hagan en la que suya, con todo y las comodidades por las que cobra la Udlap.

¿Será justo que se paguen las mismas colegiaturas cuando los estudiantes no están físicamente gozando ni de las instalaciones, ni de los dormitorios, ni de los amplios espacios que ofrece la institución?

A mí me parece que no.

Y eso no lo ve nadie, ni los patronatos juntos, ni la SEP, ni los gobiernos. Ni la rectora de la Udlap.

Por qué no exigir ahora que el patronato que opere la Udlap, o ambos, otorgue incentivos, alicientes, estímulos, apoyos y/o descuentos sustanciales sobre el pago de las colegiaturas.

Es ahora cuando los patronatos deben actuar y mostrar sensibilidad para con los estudiantes y la economía de sus familias.

Además, la crisis económica por la que atraviesa el país y el estado no está para regalar el dinero, y menos en una absurda crisis provocada por un pleito ajeno.

Ya les toca a los cerebros de ambos grupos en la Udlap poner de su parte y abrirse a las demandas de los estudiantes que desean volver a las aulas para seguir su formación.

Sin duda, es lo más justo.

¿Quién iba a imaginar que una de las universidades de más prestigio en el estado, el país y el mundo, entrara en una crisis a la que no se le ve fin?

Ya es tiempo que alguien se preocupe por los verdaderamente afectados en el pleito de la Udlap

¿O me equivoco?

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