El Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) solicitó, a través de un comunicado la intervención de autoridades federales, a la Presidencia de la República y los Poderes de la Unión, por la persecución política del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, contra el rector Alfonso Esparza Ortiz.

Por este medio, hacemos un urgente llamado a los Poderes de la Unión y a los órganos autónomos de procuración de justicia, auditoría y contraloría para que, en el marco de sus facultades y del respeto al federalismo, intervengan en el estado de Puebla; toda vez que el ejercicio del gobierno local, encabezado por Luis Miguel Barbosa Huerta, atenta contra los derechos fundamentales de los poblanos, especialmente en materia de seguridad, certeza jurídica y libertad de pensamiento.

Ejemplo de ello es la persecución política que el Gobierno del Estado de Puebla ha emprendido contra el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz y, por lo tanto, contra la propia institución educativa; la cual consiste principalmente en una manipulación de las instituciones del Estado para fabricar procesos judiciales sin fundamento, así como en el uso de un aparato propagandístico para afectar la imagen de nuestra máxima autoridad universitaria.

Desde el más reciente cambio del Titular del Poder Ejecutivo, el rector ha sido blanco del asedio, de la acción articulada y sistémica del gobierno local, incluso de órganos estatales que debieran ser autónomos e imparciales en su actuar, como la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos titulares han emprendido acciones arbitrarias no sólo contra la cabeza de esta universidad, sino contra su familia.

Prueba de lo anterior son las denuncias que la Auditoría Superior del Estado anunció contra el rector Alfonso Esparza, por presuntamente obstaculizar la revisión de una Cuenta Pública, cuando la mencionada revisión era a todas luces ilegal; primero, por considerar una gestión financiera de sólo 11 meses del año 2019 y, después, por pretender revisar los recursos autogenerados por la BUAP y los correspondientes a pardas federales; estos últimos competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación.

Hemos sido incluso testigos de declaraciones en las que el Gobernador Barbosa, asumiendo facultades exclusivas de la FGE, asegura tener pruebas de que el Rector Esparza ha participado en operaciones de desvío de recursos. Más aún, el ejecutivo estatal se ha atrevido a asegurar que en la Universidad ha detectado desvíos hasta por 1,000 millones de pesos; es decir, un monto que habría dejado inoperante a una institución que, en los hechos, ha alcanzado, e incluso superado, todos sus objetivos académicos. Cuando se juzga sin mediar un juicio o resolución conforme a derecho es condenar a priori por un interés o predisposición personal

Tenemos claro que todos estos hechos, como el propio Gobierno del Estado de Puebla lo ha manifestado en diversas comunicaciones oficiales, son represalias a la negativa del rector para renunciar a su cargo y para entregar al Poder Ejecutivo estatal el control de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Estamos seguros de que un gobierno estatal abierto y democrático apoyará la propuesta de que sus investigaciones y sus presuntas pruebas sean analizadas y acompañadas por instancias de justicia y auditoría federales; de lo contrario estaríamos ante un nuevo indicio de que la administración de Luis Miguel Barbosa ene tendencias totalitarias y dictatoriales.