El diputado local Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una iniciativa en el Congreso de Puebla para sancionar con penas de 4 a 12 años de prisión a quienes ejerzan violencia o amenazas para cobrar préstamos informales, conocidos comúnmente como “gota a gota”. Esta modalidad de crédito se ha extendido en el país y representa un riesgo creciente para la seguridad y el patrimonio de miles de personas, especialmente en sectores vulnerables.
De acuerdo con la propuesta, la pena se impondría a quienes, con el fin de recuperar un préstamo o crédito, utilicen intimidación, coacción, amenazas, hostigamiento, violencia física o moral, presión psicológica, daños, retención de objetos personales o cualquier acto que afecte la integridad o libertad del deudor o de su entorno. Además, si el delito se comete contra personas en situación de vulnerabilidad, la condena podría aumentar hasta en una mitad.
En su intervención en tribuna, el legislador explicó que la propuesta busca incluir en el Código Penal del Estado de Puebla un tipo penal autónomo para castigar este delito que, dijo, va más allá de simples prácticas de cobranza y está vinculado con esquemas delictivos organizados.
“Esta iniciativa tiene como objetivo principal adicionar un tipo penal autónomo al Código Penal del Estado de Puebla para sancionar esta práctica delictiva conocida como ‘gota a gota’, una modalidad de crédito informal que ha proliferado en distintas regiones del país y que representa una amenaza creciente para la seguridad, la economía y los derechos humanos de la población”, sostuvo Villegas Mendoza.
El diputado añadió que, al penalizar este tipo de cobros violentos, se busca reducir la impunidad, frenar la expansión de redes criminales y fortalecer el papel del estado como garante del orden y la legalidad.
“Con ello, buscamos sumarnos al combate contra la extorsión y reducir la impunidad de este delito disfrazado de actividad económica, fortaleciendo el papel del estado como garante del orden y la legalidad, desarticular redes delictivas organizadas, nacionales o extranjeras, que utilizan este esquema para ofrecer ganancias ilícitas y expandir su poder territorial”, afirmó.