La denominada Ley 3 de 3 ingresó al Congreso de Puebla para impedir a los agresores sexuales, deudores alimentarios y con sentencia por violencia política de género ocupar cargos de elección popular y en el servicio público, a fin de que pueda aplicarse en las elecciones de 2024.

El 15 de mayo, ingresó el dictamen que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, aprobada el 28 de abril por el Senado de la República.

Con estas reformas se suspenden los derechos de los ciudadanos que tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.

También se suspenderán los derechos o prerrogativas de las personas declaradas como deudora alimentaria morosa. En esos supuestos, no podrán ser registrados como candidatos para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrados para empleo, cargo o comisión en el servicio público.

El dictamen deberá ser aprobado por al menos 17 de 32 congresos locales, antes de cerrar su periodo ordinario de sesiones, para que aplique en 2024.

A la fecha, nueve congresos estatales del país la han avalado: Baja California, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz.

En el caso de Puebla, la minuta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso; sin embargo, no hay fecha para que sesione, además, será hasta el 25 de mayo cuando se realice la próxima sesión ordinaria de Pleno a las 10:00 horas.