El informe “Discriminación, violencia e ineficiencia institucional”, publicado por la Universidad Iberoamericana, por el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” y por el Observatorio de Violencia Social y de Género, reveló que en apenas seis años -de 2015 a 2021- en Puebla se registraron 22 asesinatos en contra de la comunidad LGBTTTIQ+, así como 32 reportes de casos de violencia y discriminación.
El documento destaca que, si bien en los últimos años se han realizado esfuerzos a nivel nacional y estatal para apostar por una sociedad más diversa, incluyente y libre de discriminaciones, en la entidad se sigue respondiendo al conservadurismo.
Por lo tanto, agrega, la sociedad se resiste a garantizar los derechos de las personas LGBTTTIQ+ y apostar por la construcción de una sociedad en la que exista diversidad sexual.
Y es que a pesar que la violencia en contra de las personas LGBTTTIQ+ se presenta de diversas formas, son muy preocupantes los asesinatos a causa de la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, los cuales se registran a nivel nacional y estatal.
El estudio “Discriminación, violencia e ineficiencia institucional” destaca que, por casos de discriminación, tan sólo de enero de 2015 a diciembre de 2021 la Comisión de Derechos Humanos reportó 14 quejas; sin embargo, no se emitieron recomendaciones por alguna de las quejas.
Asimismo, señala que la mayoría de las denuncias tenían que ver con el rechazo a prestar servicios públicos a las personas LGBTTTIQ+, aunque también con la violación a derechos como a la salud, cambio de identidad de género, a recibir apoyos alimentarios por parte de autoridades estatales, al desarrollo de la libre personalidad y al reconocimiento de los derechos de las personas trans y las que realizan trabajos sexuales.
El estudio revela que se presentaron tres quejas de discriminación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), particularmente contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque todos los casos están concluidos sin que se haya emitido una recomendación o conciliación.
Por último, en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se registraron 14 quejas, las cuales se vinculan con la negativa de prestar servicios a personas por su orientación o identidad de género.
Estas fueron: el ingreso a establecimientos como a hoteles, bares, cafés, a un centro nocturno y a un baño público; lo mismo sucedió por tratos discriminatorios y excluyentes, abarcando amenazas de despido o impedimento de acceder libremente al trabajo; y muestras de cariño y cambios de adscripción por el hostigamiento a causa de su orientación sexual.
17 homicidios de 2017 a 2021
El estudio destaca que la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó 17 casos de homicidios en agravio de la comunidad sexual de enero de 2017 a diciembre de 2021, de los 17 a los 68 años.
Resalta que se detectó que el 94 por ciento de las víctimas por crímenes de odio eran mayores de edad, mientras que el seis por ciento menores. El 83 por ciento de las víctimas eran solteras y el 17 por ciento estaban casadas. Además, que el 88 por ciento eran gays, el seis por ciento travesti y el seis por ciento bisexual.
Sobre la ocupación de las víctimas, dos eran trabajadores de oficios (un estilista y un obrero); cinco, empleados; tres, estudiantes; tres, desempleados; uno, maestro; uno, comerciante; uno, diseñador y un servidor público.
La FGE reportó que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la Comunidad LGBTTTIQ +, que se creó en 2020, durante el primer año de operación recibió 95 denuncias de delitos cometidos en contra de personas de la comunidad siendo las amenazas las de mayor incidencia con 19 reportes en todo el año, seguidos por robos con 17.
Sobre la orientación sexual o identidad de género, se informó que del total de las víctimas 41 fueron hombres gays; es decir, cerca de la mitad; sin embargo, destaca que otros 21 casos corresponden a personas transgénero, transexuales o travestis.
Finalmente, el informe señala que los derechos de las personas LGBTTTIQ+ son problemas que persisten desde administraciones pasadas, pues desde 2011 estas poblaciones han estado ausentes en los Planes Estatales de Desarrollo (PED) de Puebla.
