La diputada local Aurora Sierra Rodríguez propuso imponer hasta 10 años de prisión por el delito de usurpación de identidad, así como suspender hasta por cinco años a profesionales de la informática que cometan el ilícito.
La iniciativa de la panista consiste en añadir el artículo 259 Bis al Código Penal del estado de Puebla para quedar de la siguiente manera:
“Comete el delito de usurpación de identidad el que por cualquier medio obtenga datos personales en perjuicio de un tercero, con el objetivo de suplantar su identidad a fin de obtener algún beneficio para sí o para otra persona, o para la comisión de cualquier otro delito”.
A quien cometa dicho ilícito se le impondrá pena de dos a 10 años de prisión y una multa de 250 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que va de los 25 mil 935 a los 41 mil 496 pesos en 2023.
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) propuso aumentar en una mitad las penas y suspender el derecho de ejercer la actividad profesional por un lapso de uno a cinco años en el supuesto de que el sujeto activo (autor o partícipe del delito) tenga licenciatura, ingeniería u otro grado académico reconocido en el rubro de la informática, telemática y/o áreas afines.
Usurpación de identidad no se castiga actualmente
Actualmente, el Código Penal no establece sanciones por robo de identidad, lo que a decir de Aurora Sierra permite el crecimiento exponencial del ilícito, además de que el vacío se convierte en cómplice de los delincuentes y un impedimento para las autoridades de perseguir y castigar el delito.
El robo de identidad o usurpación de identidad es cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida de los datos personales de otra sin autorización, usualmente para cometer fraude o delitos. Esos datos son el nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y seguridad social, información financiera o médica, así como cualquier otro dato que permita identificar a una persona.
La iniciativa presentada el 3 de mayo fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla, para su estudio y, en su caso, resolución procedente.
