Cada año, el 8 de marzo, se escuchan fuertes consignas feministas como “¡vivas nos queremos!”, “¡ni una menos!” o “¡ni una más!” que representan las exigencias imperativas de las mujeres al Estado para el respeto de su derecho a una vida libre de violencia. Sin embargo, en México, las desigualdades de género existentes entre hombres y mujeres han llevado a que 7 de cada 10 mujeres experimenten algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Las cifras de denuncias o delitos proporcionadas por el Estado son insuficientes para comprender estos fenómenos, ya que históricamente el sistema judicial ha ejercido prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia y derivan en la impunidad institucional frente a la comisión de estos delitos.
Las resistencias estructurales que existen para visibilizar y nombrar la violencia contra las mujeres desde el Estado han provocado un alto índice de desconfianza en los mecanismos de justicia, lo que desalienta a las mujeres a denunciar estos delitos y afecta la acreditación e investigación desde una perspectiva de género.
Aunque el último corte anual emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestra una disminución del 46% en los feminicidios en el estado de Puebla y del 3.6% a nivel nacional, esto no necesariamente significa que la violencia más extrema contra las mujeres haya aminorado.
El aumento del 43% en los homicidios dolosos en tasa poblacional en 2022, podría significar que las carpetas de investigación se están abriendo más como homicidios que como feminicidios. En el país, se registró un aumento del 32% en los presuntos delitos de violencia de género y del 6.6% en los casos de violencia familiar.
Además, el 2022 terminó como el año con más mujeres víctimas de extorsión en los últimos ocho años y con un aumento del 31% y 19.1% en las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual y acoso u hostigamiento sexual, respectivamente.
Frente a estas cifras alarmantes, las mujeres hacen un llamado cada vez más fuerte al Estado para que la violencia cese y para que este responda de manera eficaz en la prevención, atención, investigación y sanción de estos fenómenos. La meta es que ser mujer en México no tenga que representar vivir en peligro.
