Funcionarios públicos que cometan actos discriminatorios por embarazo podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión, además de la destitución de su cargo, lo anterior en caso de aprobarse las reformas al Código Penal del Estado de Puebla, propuestas por la diputada Guadalupe Yamak Taja.

En la actualidad el Artículo 357 señala que aplicarán prisión de uno a tres años y de cien quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de multa a todo aquél que, por razones de origen étnico o nacional, raza, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, preferencias sexuales y en caso de ser aprobado, embarazo.

El documento indica que la sanción será aplicada a quien niegue o restrinja derechos laborales de cualquier tipo, además de que al servidor público que, por las razones antes mencionadas, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación, se le aumentará en una mitad la pena prevista.

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos.

Con dichas reforman existirán a las posibilidades para la creación de un protocolo de actuación por parte de las agencias del ministerio público en materia de discriminación en razón de embarazo.