Con la finalidad de proteger a jueces, víctimas y testigos, se debe mantener la prisión preventiva oficiosa en el caso de los delitos graves, señaló Ricardo Mejía. Por lo que de esta forma, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) apoyó la postura de la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia sobre esta cuestión.

Durante su intervención sobre el tema en ‘la mañanera’, el funcionario federal precisó que esta medida es aplicada de manera general y no depende de los jueces. Por lo que al eliminarla podría generar actos de corrupción y poner en riesgo a jueces, víctimas, así como testigos en todo el territorio nacional.

Por lo que, en ese sentido, puso el ejemplo de el líder criminal conocido como ‘La Vaca’, señalado como principal generador de violencia en Colima. Sobre el que indicó que de no habérsele aplicado la medida cautelar estaría libre y cometiendo ilícitos. A la par de amedrentando a jueces para presionar a que desistan sobre su proceso.

Razón por la que Mejía hizo hincapié en que la prisión preventiva oficiosa deberá de mantenerse en el sistema de justicia en México. De lo contrario, jueces no querrán tomar los casos, testigos no tendrán la seguridad de testificar, las víctimas no tendrán justicia y la sociedad en general seguiría a merced de los actos delictivos.

Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica a favor de la medida cautelar

El ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció ayer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el recurso de la prisión preventiva oficiosa para determinar si es inconvencional. Por lo que, de ser así, plantea declararla como inconstitucional y que quede sin efecto en el país.

Razón por la que la Secretaría de Gobernación en conjunto con la Consejería Jurídica se pronunciaron en contra de la acción anunciada por el ministro. Esto por considerar como fundamental la medida cautelar para evitar que los señalados de delitos graves evadan la justicia. A la par de que con ella se protege la integridad de jueces, abogados, víctimas y testigos.

Por lo que, en un comunicado emitido por ambas dependencias, se enfatizó que desaparecer este recurso deja en peligro a toda la sociedad. Haciendo que en los jueces recaiga una responsabilidad y presión más grande, orillándolos a estar a la deriva de los criminales, la corrupción, así como a la violencia.