Son muchas las dudas que se deberán aclarar ante el derrocamiento y caída del aún titular de la Auditoria Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, quien fue detenido el pasado viernes en su casa del fraccionamiento La Vista Country Club.

Detenido, por cierto, no por el delito de violencia familiar y por presuntos agravios en contra de su familia sino por el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita.

¿El auditor en Puebla operaba con recursos ilícitos?

Es decir, el encargado de revisar la aplicación y el gasto de los recursos públicos en el estado es parte de la delincuencia organizada.

¡Que grave!

Sin duda, deberá haber una explicación al respecto para todos los poblanos, porque el haber designado a un personaje que hoy está en la cárcel como auditor no es normal.

Porque ahora resulta que Romero Serrano es un delincuente de alta peligrosidad que al Congreso del Estado, a la pasada LX Legislatura que encabezó Morena y el ahora secretario del trabajo, Gabriel Biestro Medinilla, se les ocurrió elegirlo como titular de la ASE.

¿Qué nadie se dio cuenta de sus obscenas habilidades como servidor público?

Vamos, ¿de quién habrá sido la idea de colocar a un personaje de la calaña de Francisco Romero, si es que es un pájaro de cuenta como ahora se le pinta, como encargado de revisar la buena aplicación de los dineros públicos en el estado?

Porque según la autoridad judicial, vía la FSE, el detenido no sólo es un violentador de mujeres sino más bien un desfalcador de grandes dimensiones.

Se me hace que el tema tiene mucho trasfondo, ¿político, económico, personal, quién sabe?

Lo cierto, es que la detención de Francisco Romero es un nuevo escándalo en Puebla.

Un escándalo, insisto, que deja muchas interrogantes.

Y sería bueno que aquellos diputados que entonces abogaron para designarlo como titular de la ASE expliquen por qué lo hicieron.

¿Qué acaso no se toman la molestia de indagar sobre los personajes que son postulados a cargos como el que aún ostenta el detenido?

Todo esto quiere decir que la LX Legislatura se equivocó en la designación de Romero Serrano, que no era el mejor personaje de aquella terna de donde salió, mucho menos el más confiable, ni el más apto para el cargo de 7 años.

¿Qué pensaran todos esos diputados y diputadas, quienes incluso usaron la tribuna para defenderlo, de la ahora detención de Francisco Romero?

Con razón su imagen no mejora entre la gente.

Por algo la percepción de los ciudadanos para con los legisladores sigue siendo pésima.

Siguen estando reprobados.

Habrá que recordar que aquella terna de donde salió electo como auditor Romero Serrano estaba integrada, además por Salvador Sánchez Ruanova y Juan Carlos Díaz Carranza.

Vaya nuevo trago amargo para los ex diputados y la imagen del Congreso.

¿Qué va a pasar ahora con todas las cuentas públicas que fueron revisadas, auditadas y diagnosticadas por el mismo Francisco Romero y su equipo de trabajo?

¿Qué confianza existe de que estas hayan sido verificadas y determinadas con pulcritud?

¿Cómo creer que las observaciones hechas son reales y no inventadas?

Y lo peor ¿cómo entender y aceptar que los sujetos sancionados y hasta perseguidos no son sólo rehenes de los intereses del ahora auditor detenido?

¿Quién, o quiénes son los responsables de que alguien que opera con recursos de procedencia ilícita haya estado en la titularidad de la ASE?

Ahora, entonces, ¿se deberán revisar las cuentas públicas de los sujetos que sancionó la gestión de Romero Serrano?

¿Qué explicación tendrán todos aquellos que impulsaron a hoy detenido a la ASE?

Vaya nuevo escándalo…

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Un muladar sucio, con maleza, con el lago abandonado y contaminado, con animales muertos, con bicicletas oxidadas, con aulas deterioradas, con la biblioteca polvosa y abandonada, con olores fétidos, con dormitorios saqueados y con un sinfín de afectaciones, así mantuvo el campus de la Udlap el supuesto patronato que encabeza Horacio Magaña y que secundó Armando Ríos Piter, ex rector retirado.

Y así recibió el plantel la nueva rectora Cecilia Anaya Berrios, quien representa los intereses de la Fundación Mary Street Jenkins y del grupo que encabeza Margarita Jenkins de Landa.

Que pena que una universidad del prestigio de la Udlap haya sido sometida al descredito y a los intereses de dos grupos que la pusieron en las condiciones en las que hoy se encuentra.

Ojalá que ahora Cecilia Anaya y la misma Margarita Jenkins de Landa brinden las facilidades necesarias para el regreso a clases de los estudiantes de la Udlap, porque tanto la crisis económica, como el conflicto, sí que golpearon el bolsillo de los padres de familia.

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Todo un acierto los rondines en helicóptero, por aire, y en el transporte público, por tierra, que ya realiza la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, porque la delincuencia está descontrolada y los estaba rebasando.

A pesar de ello, se requieren más estrategias y más acciones para poder combatir a la delincuencia, la cual sigue dejando muertos, asaltos de todo tipo y pánico entre la población.

A propósito, los helicópteros que se habían adquirido en el gobierno morenovallista también podrían servir para la seguridad de todo el estado, no sólo de la zona conurbada.

Si es que no se han vendido allí está un buen uso para esos aparatos.

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