Ahora resulta que los políticos y ex funcionarios del morenovallismo, quienes implementaron una política pública de terror y de elite cuando llegaron al poder en Puebla, son unos santos, padres de la caridad y agregados de la vela perpetua.
¿Alguien en su sano juicio podría creer eso?
Es como si dijeran que el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es el ser más noble, democrático y caritativo de todo el planeta, cuando todos sabemos que es un loco dictador.
O que Nicolas Maduro es el gobernante más sensible, transparente y bueno de la izquierda.
Por favor, hay que ser un estúpido para creer esos cuentos.
A Jorge Aguilar Chedraui, ex titular de salud y ex diputado morenovallista, ahora se le olvida que él, junto con otros integrantes del círculo más cercano al desaparecido ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, eran el terror no sólo de los medios de comunicación sino de todos los ciudadanos.
Son muchas las anécdotas, los momentos, los episodios, los ejemplos y los casos en que su gobierno, en el que operaron, violó una y otra vez las garantías y los derechos de los poblanos, particularmente de los dueños de los medios, reporteros, fotógrafos y camarógrafos.
Sin dejar de mencionar a los ciudadanos que se manifestaron en las calles para reclamar también la agresión a sus personas, la persecución en su contra y la infinidad de arbitrariedades que se cometieron en aquella administración.
¿Le sonará a Jorgito el caso del niño José Luis Tehuatlie Tamayo?
¿A poco no recuerda la llamada “Ley bala”?
¿Tan grave su demencia senil, o sólo llega cuándo le conviene?
Porque aquí también podemos esclarecerle sus lagunas y desmemoria, recordándole que Elia Tamayo perdió a su hijo -de apenas 13 años-, a causa de una bala de goma que le impactó en la cabeza, cuando el menor trabajaba el campo con su madre, cerca de una manifestación y el desalojo de policías, quienes arremetieron contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
Los manifestantes reclamaban, en aquel 2014, la reapertura del Registro Civil, retirado por el gobierno morenovallista, del que formaba parte Jorgito, y quien, entonces, no dijo ni pio cuando todo esto sucedió.
¿Y ahora se quiere dar golpes de pecho?
¿Olvidó, el famoso JACH, que en 2014 el titular de seguridad pública era el terrible y polémico Facundo Rosas Rojas, acusado de cientos de abusos y agravio a los derechos más básicos de ciudadanos?
¿Y qué dijo al respecto Jorgito?
¿Ya no recuerda que los policías del gobierno morenovallista desalojaron violentamente, con todo tipo de armas, a aquellas personas que pedían justicia y que resultaron con un saldo negro?
Ahora que Jorgito no quiera espantar a la CNDH con el petate del muerto.
¿También habrá olvidado el tripack?
Un esquema de otorgamiento publicitario a los medios amañado, ventajoso y tramposo, que consistía en otorgar publicidad gubernamental sólo a los medios que se alinearan a las disposiciones de la gestión morenovallista.
¿A poco ya se le olvidaron a Jorgito esos episodios?
El Tripack, para que lo recuerde, lo manejaba el ex diputado Marcelo García Almaguer, y otros ex directores de comunicación de aquel gobierno, quienes revisaban la línea editorial y las publicaciones de los medios.
Posteriormente, te explicaban si eras o no, según sus consideraciones, merecedor de publicidad gubernamental, si se les antojaba o no que fueses tomado en cuenta por la administración morenovallista.
Si por sus pantalones, violando todos los derechos y garantías de los medios, decían que sí, entonces tenías derecho a la publicad del gobierno del estado, del Ayuntamiento de Puebla y de la BUAP.
Si la respuesta era no, nadie de estas fuentes, dependencias, o entidades públicas, te daba una sola publicación.
¿Eso cómo se llamaba, Jorgito?
Y lo mismo se hacía en el Congreso del Estado cuando Jorge Aguilar era el líder.
¿A poco tan pronto se le olvidó?
Lo bueno que aquí estamos para recordárselo.
Y ya sólo habría que decir que muchos medios de comunicación han documentado y publicado sobre los proveedores que operaron para saquear la Secretaría de Salud, por un monto de al menos 400 millones de pesos, durante la gestión de Jorge Aguilar, de febrero 2011 a abril del 2013.
¿También lo olvidó?
Porque lo mismo se publicó en 2017, cuando se dijo que en salud se había creado una red de corrupción, encabezada por Gabriel González Cossío y Eduardo Letayf Acar, por la que se cobraron 165 millones 252 mil pesos, por un servicio de rehabilitación, mantenimiento y la ampliación de unidades médicas en el estado, las cuales al final fueron derribadas y sustituidas por Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA).
Ahora resulta que no son políticos, que son santos.
Por favor.
¿A quién carajo quieren engañar?
En twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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