Una cosa es que la mala racha -por su mal criterio- persiga a la autoridad electoral del estado, la cual le provocó graves consecuencias y el linchamiento mediático, y otra que exista una campaña negra y amañada en contra de esta misma.

Porque si bien después de los comicios intermedios de este año no le ha ido nada bien a los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP), al parecer su condena pública también es parte de una asquerosa trama macabra.

Me explicó por qué.

Resulta que ayer, la abogada Norma Romero Cortés, quien en los pasados comicios intermedios buscó convertirse en candidata independiente a la presidencia municipal de Puebla, acudió a la Fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales con la finalidad de ampliar la investigación de la denuncia que presentó en contra de los consejeros del IEEP.

La ex aspirante a candidata, acusó una falta grave por parte del órgano electoral después de que éste publicó erróneamente su registro como contendiente, pero posteriormente le negó la candidatura.

Al respecto, explicó que “los errores en materia legal no existen”, por lo que dijo que busca marcar un precedente para los ciudadanos que tengan el interés de participar en futuras elecciones.

Asimismo, señaló que en agosto pasado promovió una denuncia más contra los consejeros locales, pero ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presidida por Santiago Nieto Castillo.

Por su parte, su abogado, José Alfonso Aguilar García, sostuvo que la denuncia en contra de los consejeros electorales también incluye al Secretario Técnico del IEEP, César Huerta Méndez.

Empero, es precisamente en este punto donde la puerca torció el rabo, pues trascendió que quien está detrás de la denuncia de Romero Cortés es ni más ni menos que su mismísimo representante legal.

Porque Aguilar García dicen que de defensor de las causas justas no tiene un pelo, y más si se trata del IEEP, de sus consejeros y de arremeter para perjudicar su imagen.

El jurista, dicen, lo único que busca es revancha en contra del IEEP y de sus actuales representantes, pues él formó parte del instituto, de sus políticas y resoluciones, pero salió por cuerdas por haber cometido graves faltas en perjuicio del organismo.

¿A quién querrán engañar Doña Olga y Pepe Poncho?

El abogado José Alfonso Aguilar, además, tiene un largo historial en el IEEP, pues ingresó como analista eventual; posteriormente, por cuestiones administrativas, fue dado de baja y recontratado en el mismo cargo que medianamente había ocupado.

Eso sí, gracias a sus buenos oficios, con el tiempo se colocó como encargado de despacho de la Oficialía Electoral -en el 2016-, durante la elección en la que participó como candidata la hoy diputada federal panista Ana Teresa Aranda Orozco.

Sin embargo, en aquellos comicios “el abogado de las causas nobles”, aseguran, perdió el piso y se dedicó a filtrar los informes de las denuncias y escritos que ingresaban a la Oficialía del IEEP, en beneficio de los distintos representantes de los partidos políticos.

Fue allí donde cosechó una gran amistad con su par, el abogado Víctor León Rueda, con quien actualmente tiene una sociedad.

Esto, le permitió ocupar, como encargado de despacho, la Dirección Jurídica del IEEP, aunque fue en este momento cuando finalizó su “gran carrera” en materia electoral, pues fue descubierto como el responsable de filtrar documentos oficiales del organismo.

El despido del abogado de las causas justas, desde luego, no se supo porque el instituto electoral no está dedicado a afectar currículos, por lo que su salida se dio como una renuncia voluntaria.

Esto, aseguran, nunca lo olvidó el abogado Aguilar, por lo que juró venganza.

Saque, usted, sus conclusiones.

 

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