La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DH) solicitaron que la investigación del software Pegasus “sea completa, efectiva e imparcial”, asimismo que se sancione a quienes resulten responsables de su mal uso.
Esta investigación debe incluir la identificación directa de las víctimas de espionaje o intento de espionaje, con la posibilidad de informarlas de ello. Por lo cual, hicieron un llamado a garantizar la adopción de las medidas necesarias para respetar, proteger y avalar el derecho a la privacidad; la libertad de expresión de la ciudadanía, el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos, así como la participación pública y las garantías a la oposición política.
En este aspecto, las organizaciones recalcaron que es indispensable que los gobiernos limiten el uso de cualquier tipo de tecnología que pueda intervenir las comunicaciones privadas, esto en el marco internacional de derechos humanos. Recomendaron que el uso de tecnología debe estar delimitado en forma clara y precisa conforme a la ley, ser excepcional y operar en función de lo estrictamente necesario, además de contar con autorización judicial previa y una supervisión constante de los organismos estatales pertinentes.
También aseguraron que estas prácticas involucran tanto a los Estados como a las empresas, por lo que hicieron hincapié al retraso inmediato sobre la venta, la transferencia y el uso de la tecnología de vigilancia hasta que se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos.
“Es importante reiterar el deber de las compañías privadas de adecuar su actuación a derechos humanos, y las obligaciones de los Estados de debida diligencia, transparencia y rendición de cuentas, especialmente en términos de contratación y supervisión de los servicios prestados por actores privados”, puntualizaron la CIDH y ONU-DH.
Con información de Milenio
