El director General del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Carlos Martínez Velázquez, señaló que  las más de 650 mil viviendas abandonadas que existen en el país equivalen aproximadamente a tener vacía toda el área metropolitana de Puebla.

En conferencia de prensa matutina, el representante de los trabajadores indicó que de éstas, se han identificado más de 100 mil 345 viviendas que podrán recuperarse al 2024, a través de procesos judiciales y programas municipales, en conjunto con los programas de mejoramiento urbano y vivienda de la Sedatu.

“Más de 600 mil viviendas en el país, equivalen más o menos a toda el área metropolitana de Puebla, tener esas viviendas abandonadas, había un ‘creditómetro’, se buscaba solamente colocar créditos sin importar si se iba a abandonar la vivienda después”, explicó.

Detalló que muchas de esas viviendas se encuentran vandalizadas, en zonas de peligro, u ocupadas informalmente, incluso por grupos delincuenciales.

En ese sentido, señaló que desde el instituto, junto a los diferentes órdenes de gobierno, se busca resolver por la vía judicial la situación de estas viviendas para recuperarlas y al mismo tiempo desarrollar diversos programas para atender el problema en 88 municipios del país.

“Estamos terminando de hacer las acciones judiciales, estamos planeando toda la ruta de qué sigue en lo jurídico, es un asunto complejo, pero como decía el presidente: ‘hay que poner punto final’. Hoy tenemos detectadas al menos 100 viviendas que se pueden recuperar”, informó.

Agregó que estas acciones son el inicio para echar a andar un programa jurídico para detectar también aquellas viviendas que ya no se pueden recuperar por ser un peligro o delito ante la Ley General de Protección Civil.

Comentó que desde el inicio de la nueva administración del Infonavit se cancelaron los juicios masivos y se detuvo la venta de carteras hipotecarias en materia de subastas, además de que se ha trabajado con las Fiscalías y la Unidad de Inteligencia Financiera para resarcir el daño a los trabajadores.

“Eran una figura jurídica verdaderamente perversa, donde trabajadores que habían comprado sus casas en Quintana Roo. Estaban demandados en Nayarit y luego ni siquiera se les avisaba su juicio, se les declaraba en rebeldía y se les adjudicaba su casa sin saber”, explicó.