El lunes por la tarde, las comisiones unidas de Salud y de Justicia de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, acordaron aprobar el dictamen para autorizar el uso recreativo de la marihuana y, en el proyecto circulado hoy, se confirma definir en la ley federal para la regulación del cannabis “el derecho de las personas mayores de 18 años a consumir cannabis psicoactivo, como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual deberá realizarse sin afectar a terceros”.

El documento, que será revisado el fin de semana por los integrantes de las comisiones, se votaría el 8 de marzo en comisiones y al día siguiente en el pleno, una vez que se acuerde la dispensa de todos los trámites.

La Cámara prevé avalar la minuta del Senado, pero con cambios de fondo, para que la ley pueda “garantizar en mayor medida el derecho al libre desarrollo de la personalidad”. En ese sentido, la minuta tendría que ser devuelta a los senadores.

Además, y dado que con la legislación propuesta se estaría abriendo el mercado legal del cannabis, sustancia considerada como estupefaciente en los tratados internacionales suscritos por México, la comisiones consideran indispensable que la ley “tenga un claro y definido enfoque de salud pública”.

En ese sentido, consideran indispensable modificar el enfoque que predomina en la minuta del Senado, “la cual considera el cultivo de cannabis como un medio para el crecimiento económico y desarrollo comunitario”.

De mantenerse en ese estado, opinan las comisiones, se incentivaría la producción y el mercantilismo, descuidando la salud pública, contrario al modelo rector que estas comisiones pretenden construir”.

Por ejemplo, señalan que los sensores definieron un régimen de licencias y permisos que podrían afectar a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, así como a las comunidades rurales, al establecer reglas para la certificación, lo cual podría constituir una barrera y llevarlos a optar por la producción ilícita y comercialización de mariguana.

En cambio, proponen homologar el proceso de evolución de la producción de mariguana con las reglas aplicadas para otros productos agrícolas. Para ello se busca modificar el sistema de licencias previsto por el Senado, que -abunda- segmenta la cadena de valor, con objeto de que los productores rurales puedan abarcar la cadena completa, desde la siembra hasta la venta al público.

El proyecto prevé que la producción de mariguana y sus derivados tendría los siguientes fines el auto consumo, ya sea en casa habitación o en asociaciones de cannabis; la producción para la comercialización y venta con fines lúdicos; la producción con fines de investigación, y finalmente la producción de cáñamo para fines industriales.

Para producirla se tendría que obtener un permiso del Consejo Nacional Contra las Adicciones (Conadic).

Respecto del derecho al consumo, las comisiones prevén “agregar una restricción genérica de fácil aplicación para evitar afectaciones a terceros por el consumo, con objeto de garantizar la salud de los no consumidores, sin establecer restricciones al derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

Asimismo, se considera regular la producción para uso lúdico, la cual contempla en primer lugar la producción en casa habitación y, en segundo, la producción en asociaciones de cannabis; ambas requerirán un permiso de Conadic, con vigencia de un año.

Se confirma que cada persona podrá cultivar hasta seis plantas en su domicilio particular o hará ocho cuando en la misma vivienda residan más de dos personas consumidoras.