Cada año, la Cátedra Cossío, en la que colaboran la IBERO Puebla y sus universidades hermanas, busca tender puentes para que expertos en Derecho y la sociedad en general puedan encontrar soluciones a los problemas de coyuntura. La edición de este año se sitúa en medio de una crisis sanitaria que plantea nuevos retos a viejas problemáticas que competen a la ciencia jurídica.

El derecho y los sistemas jurídicos han sido grandes instrumentos de reivindicación; no obstante, también han sido mecanismos de opresión. Es por ello que el Mtro. Mario Patrón Sánchez considera fundamental discernir cuál queremos que sea el papel de esta disciplina en estos tiempos.

La COVID ha cuestionado cómo la humanidad se relaciona con la Casa Común. Se dio cuenta de la explotación desmedida de los recursos naturales, lo que deriva en múltiples crisis ambientales y sanitarias. De igual manera, ha quedado de manifiesto que las pautas de convivencia humana se basan en la acumulación de bienes. Es menester, redondeó el Rector de la IBERO Puebla, mirarnos unos a otros a través de la solidaridad y la dignidad.

Ante la evidencia irrenunciable de las desigualdades estructurales, el derecho deberá buscar la igualdad sustantiva en todos los ejes de la vida. “Las cátedras son espacios de análisis, reflexión y generación de conocimiento. Buscamos formar a mujeres y hombres expertos en el Derecho, pero también competentes para hacerse cargo de la realidad”, cerró.

Este es el horizonte de la IBERO Puebla y el resto de los colegios del Sistema Universitario Jesuita (SUJ): la búsqueda de la dignidad humana y el bien común. “Es nuestro deseo seguir involucrándonos en esta búsqueda compartida de la verdad”, complementó el Dr. Alexander Paul Zatyrka Pacheco, SJ, Rector de la IBERO León.

Durante la inauguración de la cátedra que lleva su nombre, el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz señaló que preguntarse por la COVID a partir del Derecho deja varios subcuestionamientos: “¿cómo vamos a vivir colectivamente esta pandemia? ¿Vamos a regresar mejores o peores?”. En esa ecuación, el derecho reivindica su papel como instrumento de regulación de la conducta social.

Finalmente, el Mtro. Florentino Badial Hernández, director general de IBERO Tijuana, recordó que todas las personas que forman parte de las universidades jesuitas buscan ser personas conscientes de la realidad, competentes en el ejercicio profesional, compasivos con las experiencias ajenas y comprometidos con el mundo.

Guanajuato y la crisis de derechos

Recientemente, el estado de Guanajuato ha sido escenario de múltiples omisiones a los derechos humanos. Como expuso la Mtra. Gabriela Naranjo, coordinadora de la Licenciatura en Derecho de IBERO León, el 80.3% de su población se encuentra en condiciones de pobreza (CONEVAL, 2018).

A la fecha, la entidad no ha firmado los convenios para integrarse al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), lo que ha precarizado los servicios y los derechos laborales de los trabajadores de salud. Al mismo tiempo, ha habido una falta de acceso a la información que ha obstaculizado la seguridad sanitaria en el contexto covídico.

Durante la pandemia, la violencia de género también ha aumentado. Al cierre de 2020, se ubica como el primer lugar en asesinato de mujeres; además, existen altas dificultades para tipificar dichos crímenes como feminicidios. De igual manera, Guanajuato es primer lugar nacional en homicidios dolosos, así como la entidad más peligrosa para ser policía.

Ante este panorama, la postura del Estado ha sido omisa, simuladora e insensible. “Más del 90% de los asuntos que son presentados ante tribunales por parte de la Fiscalía no resultan en una sentencia condenatoria. En Guanajuato se pueden cometer cualquier tipo de delitos, casi con la certeza de que no habrá consecuencias desde lo legal”, denunció Gabriela Naranjo.

“¿Dónde están?”

Mediante la elaboración de una historia oral sobre la acción colectiva en Guanajuato, el Dr. Fabricio Lorusso, investigador de la IBERO León, ha constatado la existencia de una guerra civil económica en la que grupos paramilitares han tomado el control de territorios, con anuencia de autoridades. En este contexto de ingobernabilidad, suele hablarse de personas “perdidas”, no “desaparecidas”.

Hasta hace poco, las fosas clandestinas habían sido un fenómeno negado por las autoridades debido a la magnitud de la problemática que representan. Fue hasta finales del año pasado que el Gobierno estatal comenzó a reconocer la existencia de estos espacios.

Más de 300 familias constituidas en 12 colectivos mantienen la agenda relacionada con la participación activa en los procesos de investigación, búsqueda e identificación. Los avances han sido paulatinos: en 2020 hubo una reunión sin precedentes con el gobernador Diego Sinhue para establecer canales de entendimiento y acción.