En 2001, Paola Guzmán Albarracín (14 años) comenzó a enfrentar problemas académicos, por lo que recurrió al vicerrector (60 años) del colegio público al que acudía. Para apoyarla, el directivo le solicitó favores sexuales a cambio; ella accedió. Como producto de este abuso, la joven quedó embarazada y el doctor del plantel le practicó un aborto, también a cambio de relaciones sexuales.
Un año después, Paola ingirió fósforo blanco. Pese a los avisos de sus amigas, las autoridades escolares no hicieron nada para brindarle asistencia médica; falleció el 3 de diciembre. El caso fue abordado de manera interna con incontables prejuicios. Se impuso una denuncia penal contra el vicerrector que no procedió, pues se aludió a que se trataba de un caso de enamoramiento y seducción por parte de Paola.
Hace unos meses, 18 años después del abuso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió a favor de la víctima. Se trata del primer caso abordado por dicha instancia en materia de violencia sexual en instituciones educativas, y donde se acentuaron los temas relacionados con salud reproductiva de las niñas y adolescentes.
El caso fue defendido por el Centro de Derechos Reproductivos y el CEPAM Guayaquil, dos instituciones abocadas al litigio en pro de las mujeres de Latinoamérica. La directora del CDR, la Dra. Catalina Martínez Coral, compartió con la IBERO Puebla los pormenores en el kilométrico camino hacia la justicia para Paola y su familia en el marco de las Jornadas Universitarias #Nomás violencias ni discriminación en los entornos educativos.
Casos como este no son aislados. Se trata de un patrón normalizado de violencia sexual y de género que prolifera en toda la región latinoamericana y, de manera particular, en el colegio de Paola. En aquella época, el 32.7% de las mujeres ecuatorianas sufrían violencia sexual; es uno de los países con mayores índices de embarazos adolescentes.
Cuando se llevó el caso a la CIDH no solo se buscaba una indemnización y justicia integral para la víctima y su entorno, sino también visibilizar la problemática para que, a través de un organismo continental, se exijan medidas sustantivas destinadas a la prevención y erradicación de estas violencias. Doña Petita Albarracín, madre de Paola, ha llevado la voz cantante hacia la justicia.
