De aprobarse la regulación para el uso lúdico y medicinal del cannabis en el Senado, será necesario el establecimiento de impuestos especiales que permitan crear mecanismos de control de precios, desincentivar su consumo, así como la obtención de recursos fiscales por parte del gobierno.

Así lo propuso el Instituto Belisario Domínguez (IBD) de la Cámara de Senadores, al argumentar que los recursos vía impuestos que se obtendrían de la droga servirían para la atención de las “externalidades negativas que genera, tales como adicciones y tratamientos médicos”.

El estudio titulado “Algunas experiencias internacionales en materia de impuestos al cannabis”, elaborada por el investigador José Luis Clavellina Miller, sostiene que, además de las licencias y permisos para la comercialización de cannabis, en diferentes países “se han establecido impuestos especiales que se basan en el precio del producto, en el peso y/o en la potencia de las sustancias”.

El documento del IBD destaca que en los Estados Unido los gobiernos locales tienen una incidencia importante tanto en materia de regulación como en el diseño y tasas de impuestos aplicados a las actividades relacionadas con el cannabis.

“En el diseño de los impuestos al cannabis debe tenerse en cuenta el grado de complementariedad y sustitución con otros bienes como bebidas alcohólicas y tabaco… lo anterior permitirá una adecuada estimación de los ingresos fiscales que pueden obtenerse. Asimismo, resulta necesario considerar que los impuestos y controles de precios que se establezcan deben ser tales que no incentiven a los consumidores a abastecerse en el mercado ilegal ni a aumentar su consumo”, argumenta el documento.

Asimismo, subraya que en el diseño de los impuestos al cannabis debe tenerse en cuenta el grado de complementariedad y sustitución con otros bienes como bebidas alcohólicas y tabaco. Lo anterior permitirá una adecuada estimación de los ingresos fiscales que pueden obtenerse.

“Resulta necesario considerar que los impuestos y controles de precios que se establezcan deben ser tales que no incentiven a los consumidores a abastecerse en el mercado ilegal ni a aumentar su consumo”, indica la investigación.

El documento concluye que la participación de los gobiernos estatales en la regulación y diseño de la estructura de impuestos al cannabis podría ser analizada por las entidades federativas del país para establecer tasas de impuestos estatales que permitan hacer frente a los problemas relacionados con el consumo de cannabis en el ámbito local.

“En Estados Unidos la recaudación por impuestos a la venta de cannabis ha venido incrementándose desde 2014, y en 2018 supero los mil millones de dólares. Para ese mismo año, la recaudación por las ventas de cannabis se encontraba ligeramente por debajo de lo que se recaudó por las ventas combinadas de bebidas alcohólicas y cerveza; no obstante, la recaudación por la venta de tabaco fue tres veces más alta”, expuso el documento.