Se buscan leones, tigres, jaguares, pumas, cocodrilos, boas, jabalíes, ciervos y guacamayas, en total 970 ejemplares de vida silvestre, arrancados al tráfico ilegal de especies entre 2019 y 2020, que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no tiene ni la menor idea cuál fue su destino final.
De acuerdo con una investigación realizada por la organización Internacional AnimaNaturalis, con base en documentos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, no se cuenta con datos del lugar donde la Profepa depositó 781 animales el año pasado y 189 de enero a julio de este año.
Se trata de 21 grandes felinos (tigres de Bengala, leones asiáticos, jaguares y pumas) 43 cocodrilos de río y de pantano, 114 venados cola blanca, 53 boas, 33 iguanas verdes, 44 víboras pitón, 200 tortugas, 25 ciervos de la Berbería, 13 monos (saraguato, araña, capuchino y aullador), 3 avestruces y 20 mapaches.
Además de 87 loros, 58 pericos, 20 guacamayas, 2 gatos montés, 12 geckos, 10 camaleones, 2 jabalíes, 17 búhos, 41 aguilillas, 11 halcones y 141 ejemplares de una gran variedad de aves y reptiles.
La mayoría de los 970 ejemplares de vida silvestre desaparecidos se encuentran en alguna categoría de riesgo en la Norma Oficial Mexicana 059 o están en algún apéndice de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), por lo que tienen un alto valor en el mercado negro.
¿CORRUPCIÓN O DESORDEN ADMINISTRATIVO?
En entrevista con Excélsior, Arturo Berlanga, director ejecutivo de AnimaNaturalis México señaló que sin duda hay un problema de falta de recursos, personal y desconocimiento de las cabezas del sector, pero también de transparencia, malos manejos y actos ilícitos, ya que posiblemente los ejemplares regresaron al tráfico ilegal por la puerta de atrás.
Detalló que existe una práctica conocida como “blanqueamiento” de los animales, que en algún momento pudieron ser enviados a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) o un Predio o Instalación que maneja Vida Silvestre en Forma Confinada fuera de su Hábitat Natural (PIMVS), como puede ser un criadero, zoológico o circo particulares, y puestos a la venta de manera ilegal, ya que la Profepa está rebasada en sus funciones de inspección y vigilancia.
Indicó que cuando la autoridad ambiental asegura y entrega los animales a una UMA o PIMVS, se desentiende por completo de ellos, y los dueños de estos sitios confinados tienen que hacerse cargo de sus gastos y cuidados.
“Muchas de estas UMAs, si no les dan los apoyos económicos para la manutención de toda esta fauna, pues seguramente, no podemos afirmar cuántas UMAS, porque hay miles, pero algunas de ellas, podrían vender por la puerta de atrás a estos animales”, manifestó.
EN LA RUINA
Arturo Berlanga subrayó que con base en una solicitud de información, AnimaNaturalis confirmó que 7 de los 9 refugios que tenía la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para atender a los animales asegurados en operativos cerraron sus puertas, debido a la falta de recursos económicos por “medidas de austeridad”, por lo que ahora la mayoría de los ejemplares incautados son enviados a instalaciones de particulares.
Explicó que los dos únicos CIVS (Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre), dependientes de la Semarnat que quedan, en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México y en el municipio de San Pedro Tututepec, Oaxaca, este año únicamente cuentan con un presupuesto total de un millón 400 mil pesos, lo que equivale a 58 mil pesos mensuales para cada uno.
Agregó que a todas luces estos recursos son insuficientes, ya que tan sólo la semana pasada fueron enviados al CIVS de Los Reyes La Paz, los casi 16 mil ejemplares de vida silvestre asegurados en dos viviendas de la Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, y se requiere de dinero para su atención médica y alimentación.
Ante esta situación, adelantó que AnimaNaturalis esperará un tiempo razonable para que la titular de la Profepa, Blanca Alicia Mendoza Vera responda sobre lo que está ocurriendo con los animales asegurados y sobre el destino de los 970 ejemplares extraviados, porque en caso contrario estudiarán la posibilidad de presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable de estos actos de omisión y negligencia.