La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló este miércoles, por unanimidad, la suspensión del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emitió la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (Acuerdo SENER), hasta en tanto se resuelvan las controversias constitucionales promovidas, entre otros, por el Estado de Tamaulipas.

Esta determinación implica que las medidas dictadas por la Secretaría de Energía para desplazar las energías limpias y renovables del mercado eléctrico mayorista, no podrán aplicarse hasta en tanto la Suprema Corte resuelva su constitucionalidad, en forma definitiva, tal y como está aconteciendo en diversos juicios de amparo promovidos por empresas particulares y organizaciones de defensa del medioambiente.

En su demanda inicial, el Estado de Tamaulipas expuso ante la Suprema Corte que el Gobierno Federal invadió sus facultades originarias, argumentando que los Tratados Internacionales y la Constitución General de la República establecen el deber de propiciar y alentar la transición hacia energías limpias y sustentables, así como la obligación de garantizar el acceso en condiciones no discriminatorias y competitivas a las energías renovables.

Esto significa que las leyes promueven que el país avance hacia una matriz energética que no dependa del carbón, los combustóleos y las demás fuentes fósiles.

La decisión cautelar de la Suprema Corte aporta certidumbre jurídica a los más de $4,000 millones de dólares de inversión privada en energías renovables que se han impulsado en el Estado de Tamaulipas desde el inicio de la actual administración, lo cual ha sido un compromiso del Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.