Los convenios de mantos acuíferos entre México y Estados Unidos comenzaron en 1906 con el Convenio de Aguas de Ciudad Juárez. Posteriormente, las regulaciones fueron actualizadas en el Tratado de Aguas de 1944, el cual continúa vigente y que, en semanas recientes, ha causado discordias entre ambas naciones, así como entre el Gobierno federal y algunos estados.

La política acuífera no es prioritaria en la agenda bilateral México-Estados Unidos, pues es opacada por temas comerciales, migratorios y de seguridad. No obstante, al tratarse de un bien nacional, su uso paritario siempre está en la mira pública. Así lo expresó  Gonzalo Hatch Kuri, profesor-investigador en el Colegio de Geografía de la UNAM, durante una videoconferencia organizada por la Licenciatura en Economía y Finanzas de la IBERO Puebla.

El 97% del agua en el planeta es salada; el 3% restante es dulce continental. De ese último porcentaje, más del 60% se ubica en los polos, por lo que no es físicamente accesible. El principal reservorio de agua dulce continental accesible es el agua subterránea. Se estima que el 60% del agua dulce en el planeta es atravesada por alguna frontera internacional, por lo que 145 países comparten cuencas transfronterizas.

Hatch Kuri explicó que el Tratado de Aguas abarca tres cuencas que emanan de tres ríos importantes. Las derivaciones dictan la cantidad volumétrica que le corresponde a cada país. Así, Estados Unidos debe entregarle a México 1,850 millones de metros cúbicos anuales del río Colorado.

A nuestro país le corresponden 74 millones de metros cúbicos del río Bravo (de acuerdo con el tratado de 1906) y la Unión Americana debe recibir 431.7 millones de metros cúbicos. En cambio, todo el escurrimiento anual del río Tijuana se entrega a Estados Unidos. Si bien el Tratado no contempla la calidad del agua, esto ha generado múltiples tensiones debido a los altos índices de contaminación que emanan de las aguas residuales.

Tras un periodo de sequía en el norte de nuestro país entre 1997 y 2005, las tensiones en torno a las aguas regionales comenzaron a manifestarse: en 2001, el presidente George W. Bush, exgobernador de Texas con experiencia en el trato acuífero, reclamó al presidente Vicente Fox la entrega pendiente de aguas.

Para cumplir las cuotas, dicha entrega se hace en plazos de cinco años. De no cumplirse en el plazo acordado, la cantidad restante se acumula para el siguiente ciclo. De 1944 a la fecha, se han cumplido 35 ciclos debido a que los fenómenos hidrometeorológicos han favorecido la entrega.

La Amistad y Falcón son las presas binacionales donde se lleva a cabo la contabilidad de las aguas. Las cuotas se nutren de los afluentes de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Salado y Escondido, así como del arroyo de las Vacas

El coordinador del Grupo de Análisis Aguas Transfronterizas de la UNAM esclareció que el agua que México entrega a EE.UU. es de excedentes: una vez que se ha dotado a los usuarios mexicanos, el remanente se utiliza para la entrega al país vecino. Los usuarios de los sistemas de agua de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas son los principales beneficiarios de la disponibilidad de agua para México.

En términos generales, Hatch Kuri consideró que no es momento de renegociar el Tratado de Aguas, mismo que nació de las necesidades estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. “México es muy beneficiado por este tratado: recibe cuatro veces más agua de la que entrega”. No obstante, precisó que los efectos del cambio climático ─particularmente las sequías─ podrían dar pie a una revisión.

Cada uno de los países debe dedicarse a reordenar la política de derechos de agua de manera interna para favorecer programas de uso más eficiente en cuencas y aguas subterráneas. “La gestión del agua subterránea carece de muchos datos. Quizá tendría que firmarse un nuevo tratado de otra naturaleza”.

El experto concluyó que las ciencias tienen que repensar el ciclo del agua donde esté presente el ser humano, consolidando así el ciclo hidro social. Esto llevará a cuestionar cómo se ha transformado la disponibilidad del agua y a comprender el rol de los mantos acuíferos.

Finalmente, Gonzalo Hatch adjudicó el conflicto ocurrido en la presa La Boquilla en Chihuahua a la política pacífica del presidente Andrés Manuel López Obrador, en contraste con el clima electoral de la Unión Americana. “El año pasado, AMLO empezó a presionar a sus oficinas para asegurarse de que, antes del 25 de octubre, se entregara el agua correspondiente”.

En noviembre del año pasado, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, fue notificado de las cantidades de agua que debían extraerse de las presas estatales. Sin embargo, se extrajo más de lo que correspondía a la cuota del último ciclo; el excedente fue destinada a otros estados del norte del país.

Los usuarios de Chihuahua argumentaron que el agua se agotaría para la actividad agropecuaria. Aun así, la cuota se cumplió con la extracción de agua de un reservorio bilateral. La resolución, cerró el experto, desembocó en un nuevo pacto: “Si México no puede cubrir las necesidades del público urbano, EE.UU. puede hacer un préstamo humanitario de hasta 160 millones de metros cúbicos a un año”.