De manera histórica, no se ha comprendido a los hospitales de atención psiquiátrica como espacios de privación de la libertad, sino que han sido reducidos e invisibilizados por los estigmas sociales. Los abusos que suceden en estos contextos van más allá del trato carcelario.

Documenta, organización de derechos humanos que trabaja en torno al sistema de justicia penal, se dedica al litigio y representación de personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Como explicó la Dra. Diana Sheinbaum Lerner, coordinadora del Programa Discapacidad y Justicia de este colectivo, estas personas no cuentan con apoyo para reintegrarse a la sociedad.

Durante la cuarta sesión del Seminario Permanente de la Cátedra Ignacio Ellacuría, SJ 2020: Vivir entre cuatro paredes: contextos de encierro y derechos humanos, la experta ofreció a la Comunidad IBERO Puebla un panorama sobre las condiciones de vida al interior de los hospitales psiquiátricos, mismos que están marcados por la falta de apoyos, prácticas coercitivas y maltratos generalizados.

En América Latina, la visibilización progresiva de esta problemática derivó en la creación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una declaración que emanó de México y que buscó focalizar y atender las necesidades de estos grupos. A raíz de ello, se ha comenzado a abordar la salud mental con una perspectiva de derechos humanos.

Sheinbaum Lerner explicó que, en nuestro país, la legislación en materia de salud mental se encuentra en el capítulo 7 de la Ley General de Salud. En él, se validan múltiples violaciones a los derechos humanos, pues se permiten, entre otras prácticas, los internamientos forzosos.

El concepto de hospital psiquiátrico prevalece como la principal alternativa para este tipo de necesidades, lo cual vulnera a las personas que viven en las periferias: “seis de cada diez psiquiatras están en las grandes ciudades. Una vez que se llega Ibero

Tras múltiples investigaciones, Documenta constató que los principales problemas que enfrentan las personas con discapacidad psicosocial son los estigmas sociales hacia la salud mental en México, la función de custodia que prevalece en los hospitales psiquiátricos y las prácticas coercitivas

En 2018, se encontró que en el 66% de los hospitales psiquiátricos había deficiencias en las condiciones de higiene; en el 10% había hacinamiento, y el 25% presentaba carencias en el vestido y calzado.

Otras observaciones incluyen quejas hacia los tratamientos médicos; condiciones indignas en albergues y centros de rehabilitación; falta de autonomía, y violencia generalizada. “Lo que comparten estas personas es una trayectoria de exclusión, discriminación y falta de oportunidades”.

Diana Sheinbaum fue enfática en la importancia de la autonomía personal como manifestación de la capacidad jurídica de las personas de tomar sus decisiones y hacer exigibles sus derechos por cuenta propia. Explicó que, dado que la capacidad mental no es igual que la capacidad jurídica, las personas no deberían tener inconvenientes en el acceso a los derechos.

Lo anterior, se traduce en restricciones a la libertad de decidir en contexto de internamiento y violaciones al consentimiento informado. “La libertad no sólo tiene que ver con el tratamiento o el internamiento, sino a decisiones que van más allá. En los centros de salud mental son muy comunes las restricciones a estos derechos”, denunció.

El internamiento no consensuado y la falla estructural del sistema, ha hecho que las personas con padecimientos mentales sean tratadas como individuos que pueden representar un peligro para ellos mismos y para los demás. La práctica de los internamientos involuntarios es común en México; de ahí que muchas personas usuarias se adscriban como “sobrevivientes de la psiquiatría”.

Al cierre de su ponencia, la experta compartió testimonios de violencia física y psicológica, en donde los usuarios relataron sus experiencias al interior de estos nosocomios. Y exhortó a las autoridades a realizar una reforma profunda que contemple un enfoque de recuperación integral, mecanismos de monitoreo, participación activa de usuarios y respeto a los derechos humanos.