23 de noviembre de 2024

Uso de programas sociales con finales electorales ya es delito grave: Bienestar

Ante los comicios que se desarrollan en el país la Secretaría de Bienestar recordó a los servidores públicos de la dependencia que el uso electoral de los programas sociales es delito grave

16 de octubre de 2020 | Por: Redacción
Uso de programas sociales con finales electorales ya es delito grave: Bienestar

Ante los comicios que se desarrollan en el país en 2020 y los que tendrán lugar en 2021, el titular de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez recordó a los servidores públicos de la dependencia que el uso electoral de los programas sociales es delito grave, por lo que les pidió abstenerse de realizar proselitismo político y conducirse con imparcialidad y equidad en todo momento.

En una circular dirigida a titulares de subsecretarías, jefaturas de unidad, entidades sectorizadas, órganos administrativos desconcentrados, direcciones generales y personal adscrito a la Secretaría de Bienestar, incluidas las delegaciones estatales, May Rodríguez advirtió que no habrá impunidad ni complicidad para nadie.

Destacó que de ser necesario se actuará para sancionar a funcionarios que incurran en conductas constitutivas de algún delito electoral.

En este sentido, dijo que deben trabajar con estricto apego a los principios constitucionales que rigen el servicio público, es decir, legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia.

Precisó que el ánimo de esta comunicación interna es prevenir y evitar que la operación de los programas sociales o sus recursos públicos influyan en la equidad de las contiendas electorales de este año y el próximo.

“La Secretaría de Bienestar reitera su compromiso con la legalidad, honradez e imparcialidad, por lo que no se tolerará ninguna conducta contraria a lo señalado por la ley”, manifestó.

Cabe recordar que por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y con aprobación del Congreso de la Unión, el uso de programas sociales con fines electorales y los actos de corrupción ahora son delitos graves, de acuerdo con una reforma al artículo 19 de la Constitución que entró en vigor el 13 de abril de 2019, luego de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).



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Elena ♥