La emergencia sanitaria que vive México a causa del virus SARS-CoV-2, así como las limitaciones en los servicios y oficinas gubernamentales o de seguridad son un factor que no debería descuidarse, pues el acceso a la justicia podría derivar en el aumento de la violencia.

México no logró descender de entre los países con más impunidad tanto del América Latina como del mundo, de acuerdo con los datos del índice Global de Impunidad (IGI) 2020 de la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP), rescatados por el diario Milenio.

En el proceso participan, además, la UDLAP Jenkins Graduate School, así como el Centro de Estudios en Seguridad, Impunidad y Justicia (CESIJ) de la SUPDLAP.

El medio informó que a escala global, México es el décimo lugar en impunidad con un total de 49.67%, mientras que el 2017. Además ocupa desde 2018 el cuarto puesto dentro del continente americano.

Dicho estudio señala, por otra parte, que hay regiones en Latinoamérica, África, Asia Central y el Pacífico que fueron identificados como los focos rojos en materia de violencia, inseguridad e impunidad.

México, por otra parte, se ubicó dentro de las naciones en riesgo de aumentar los niveles de inseguridad y violencia. El factor principal, apuntó el reportero Adyr Corral, es el cierre parcial en la atención al ciudadano en materia de justicia a causa del COVID-19.

En fechas recientes se confirmó, además, que la probabilidad de que una víctima denuncie un delito y éste se esclarezca es de sólo 1.3 por ciento, según un estudio realizado por la organización civil Impunidad Cero.

Además, en 2019 sólo se denunciaron 2 millones de delitos en Procuradurías o Fiscalías, aunque en el país se cometieron más de 30 millones de ilícitos. Se trata de ay una cifra negra que asciende a más del 90%; es decir, los ciudadanos no denuncian porque no confían en la autoridad ni en la justicia.

Entre otras cosas, algunas de las causas principales de la impunidad son el bajo presupuesto a las instituciones de procuración e impartición de justicia, la corrupción, la baja capacidad de investigación criminal, pocas denuncias, etcétera.

Al respecto, el IGI 2020 asegura que hay varios caminos que México podría comenzar a ejecutar para evitar que continúe creciendo la impunidad.