Rosario Robles y Emilio Lozoya son los dos más altos funcionarios mexicanos del Gobierno de Enrique Peña Nieto acusados de corrupción. Pero mientras la exsecretaria de Desarrollo lleva un año encerrada en prisión preventiva, el exdirector de la petrolera estatal Pemex afrontará su proceso en libertad.

Robles, quien fue secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018), está acusada de permitir el desvío de fondos públicos por unos USD 255.6 millones a través de universidades públicas y empresas fantasma.

Mientras que sobre Lozoya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2012 y 2016, pesa el haber recibido supuestamente 10.5 millones de la constructora Odebrecht a cambio de obras públicas y un fraude de USD 280 millones en la compra de una planta de fertilizantes.

Lozoya, prófugo de la Justicia capturado en España y extraditado el pasado 17 de julio a México, compareció esta semana ante dos jueces de control que lo dejaron en libertad condicional, por lo que no pisará la cárcel mientras afronte su proceso penal.

Un destino muy diferente al de Robles, quien fue encerrada en espera de juicio tras acudir a declarar el 13 de agosto de 2019.

El juez de control le impuso prisión preventiva por riesgo de fuga al detectar que Robles posee una licencia de conducir vinculada a un domicilio distinto al declarado.

Para Fabiola Navarro, miembro del Observatorio de la Corrupción de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hay una “selectividad y diferencia de trato” en ambos procesos porque “ella sí está en la cárcel y él no”.

La experta relató que en ninguno de los dos casos la prisión preventiva es obligada, pero apuntó que el exdirector de Pemex “ya fue prófugo de la Justicia y tiene propiedades y familiares en el extranjero, por lo que se le debiera presuponer un riesgo de fuga”.

“Hay que decir que en términos de las acusaciones, Rosario Robles se enfrenta a una acusación importante por un escándalo de corrupción frente al menos cinco escándalos en los que estaría vinculado Lozoya”, dijo.

El manejo de los dos casos ha sido distinto incluso por parte del Gobierno.

Mientras que la coalición gubernamental del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aprobó en el Congreso inhabilitar a Robles para ejercer cargos públicos, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha defendido que Lozoya reciba “ciertas consideraciones” a cambio de revelaciones.