El proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía General de la República (FGR) parte de la Reforma Constitucional al Sistema Jurídico Penal de 2008, así como las reformas político-electorales en 2014. En este tránsito se opta por un modelo más garantista y con mayores beneficios a los derechos humanos. Sin embargo, no se ha implementado adecuadamente en muchos estados.

En Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGEP) no presenta cambios estructurales que den cuenta de la nueva autonomía con respecto a las antiguas procuradurías. Así lo manifestaron activistas del Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) durante el conversatorio en línea Retos para una fiscalía que sirva en Puebla: a medio año de la designación del titular de la Fiscalía General del Estado.

La actividad, organizada por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla, abordó el camino transitado por las organizaciones civiles en la búsqueda de una fiscalía que garantice la participación ciudadana y el cumplimiento de las normas jurídicas.

Desde hace seis años, las procuradurías dejaron de ser parte del Estado y se convirtieron en organismos autónomos. “La falta de contrapesos y los múltiples factores externos han impedido que se pueda accesar a una justicia plena. Así, la autonomía es un punto modular para dar respuesta a los conflictos y administrar recursos”, explicó la activista Marianna Mendoza Aquino.

El Colectivo Fiscalía que Sirva, iniciativa afín a la Red TDT, tuvo alta participación en el acompañamiento del proceso para garantizar un ejercicio efectivo de la transición. En él se congregan casi 300 organizaciones y colectivos en todo el país, quienes han logrado lanzar una propuesta de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Dicha iniciativa incluye aspectos referentes a la participación ciudadana, persecución penal estratégica, transparencia en los procesos, rendición de cuentas y fortalecimiento de procesos de investigación. Entre los logros de los colectivos, Mendoza Aquino destacó que se eliminó el pase automático del denominado “fiscal carnal”.

En 2018 se aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR), lo que permitió llevar a cabo el proceso de nombramiento del titular a nivel federal y sus homólogos especializados. En 2019 se nombró a Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República.

La nueva Ley Orgánica promueve una serie de obligaciones nuevas tanto para el titular como para la Fiscalía General de la República. Una de ellas es la presentación de la estrategia de transición y la promoción del Consejo Ciudadano: espacio de participación colectiva que va a participar dentro del Plan de Persecución Penal. Así lo explicó el activista Iván González Huitrón.

Sus facultades, dijo, están plasmadas en el Artículo 42 de la Ley Orgánica. “La idea es que el Consejo sea un ente conformado por expertos de la sociedad civil que puedan fiscalizar lo que hace la Institución con la procuración de justicia”. No obstante, la conformación del organismo ha presentado obstáculos relacionados con falta de difusión y participación ciudadana.

Sobre el Plan de Persecución Penal (PPP), indicó que es el instrumento mediante el cual se definen las prioridades institucionales en el ejercicio de investigación, persecución y acción penal pública. El fiscal Gertz Manero presentó su propuesta de PPP el pasado mes de febrero, pese a que la segunda convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano cerró un mes después, desacatando así los procesos contemplados en la ley.

Para González Huitrón, los elementos establecidos en la LOFGR garantizan la participación ciudadana desde víctimas hasta las organizaciones civiles, así como la autonomía de la fiscalía y el acceso a un Estado libre de derecho. No obstante, los procedimientos no se están llevando a cabo de manera adecuada.

Transición a nivel local

Hasta el momento, 29 entidades federativas han cambiado al modelo de Fiscalía; Hidalgo, Tlaxcala y Baja California Sur no lo han hecho. En varios casos, estas reestructuraciones han sido parciales u organizacionales. Además, se ha observado que no hay autonomía plena y mecanismos de participación ciudadana, así como la ausencia de unidades de persecución de delitos e información estadística.

La Fiscalía, explicó Mariana Mendoza, es un Órgano Constitucional Autónomo; estos surgen para generar contrapesos a los poderes tradicionales. Anteriormente, la Procuraduría Federal de la República dependía del Poder Ejecutivo, lo cual interfería en la confianza por parte de la ciudadanía. El rol de la nueva FGR es, por tanto, generar un proceso de exigencia.

Sobre los retos específicos para la FGEP, Iván González indicó que se deben detallar los criterios de elegibilidad para el titular de la Fiscalía estatal. En este sentido, es indispensable que la persona designada conozca las problemáticas que atraviesan al Estado y que sepa cómo actuar ante ellas.

Añadió que los nombramientos del fiscal deben ser bajo mecanismos de publicidad y transparencia para garantizar los intereses de la ciudadanía. Para ello, una Comisión de Designaciones conformada por la sociedad civil podría basarse en criterios técnicos. También, propuso que la destitución del fiscal debe regularse para evitar que se separe arbitrariamente.

La creación del Consejo Ciudadano Consultivo debe actuar bajo áreas específicas y trabajar en conjunto con la Fiscalía bajo líneas de acción comunes. “Tiene que haber una planeación que ayude a ver cuáles son los avances y el nivel de cumplimiento del plan anual”, concluyó.