El llamado “pacto de impunidad” que habría entre Andrés Manuel López Obrador y su antecesor, Enrique Peña Nieto para no perseguirlo, ha quedado en el olvido. Y es que ante la necesidad de que el proyecto político-electoral del tabasqueño no se colapse, necesita renovar su retórica anticorrupción al más alto nivel.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna que publica en El Financiero, el gobierno de la Cuarta Transformación sí investiga al ex presidente Peña y a su hombre fuerte, el ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

El columnista señala que las indagatorias las realiza la Unidad Especializada en Delitos de Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), encabezada por Juan Ramos, quien tiene una larga experiencia en el área de seguridad pública y trabajó en el gobierno de Vicente Fox como fundador y subsecretario de Seguridad Pública, bajo las órdenes de Alejandro Gertz Manero, también su jefe actual

Riva Palacio asegura que son varias las carpetas de investigación abiertas sobre Peña Nieto y Videgaray, que tienen que ver con sus propiedades.

Una de ellas, la FED/SEIDF/UEIDAPLE-CDMX/00003241/2020, rastreó sus propiedades en el estado de México. Peña Nieto tiene inmuebles en varias partes en esa entidad (de la cual es originario), una parte de ellas previas a que fuera incluso gobernador.

Pero la indagatoria también se ha extendido al estado de Morelos. En esta entidad se involucró a la Agencia de Investigación Criminal, que ha estado participando en la búsqueda de esas propiedades, de acuerdo con la carpeta FGR/CMI/AIC/PFM/DGIPAM/10674/2020, iniciada en mayo.

Por su parte, Luis Videgaray, que trabajó en el Estado de México desde 2005, aproximadamente, antes de ser diputado y miembro del gabinete, adquirió una casa de descanso en Malinalco. Cuando se supo de ella, por el involucramiento del Grupo Higa en la transacción inmobiliaria, desencadenó un escándalo.

Otra carpeta de investigación – señala el periodista- es la FED/SEIDF/UEIDAPLE-CDMX/0000329/2020, en donde se incluye en la averiguación a la ex primera dama Angélica Rivera y a los tres hijos de Peña, producto de su primer matrimonio con Mónica Pretelin.

La indagatoria busca detectar si sirvieron como prestanombres en la adquisición de propiedades, compraventa de inmuebles, constitución de empresas o protocolización de actas jurídicas. En esa misma carpeta se incluyó a Videgaray, a su ex esposa y a sus tres hijos, con el mismo propósito.

Sin embargo, Riva Palacio aclara que las investigaciones no son iguales. En la pesquisa sobre Videgaray y su familia no aparecen empresas en donde se tenga sospecha de que haya estado involucrado, o que se hubieran prestado para operaciones opacas.

Pero en la que se sigue contra Peña Nieto y su familia, hay ocho empresas donde la Fiscalía General quiere determinar si es o son propietarios, o qué tipo de uso le dieron a algunas de las empresas.

Una que llama la atención de las autoridades es Interacción Biomédica, que fue proveedora de varias instituciones en el Estado de México aún después, incluso, que apareciera en 2017 en la lista del SAT como una “empresa fantasma”.

Hay otras dos empresas, Grupo Higa, que fue utilizada como intermediaria inmobiliaria en la adquisición de la famosa casa blanca de la señora Rivera, y Aeronaves Eolo Plus, que pertenecen a la misma persona, Juan Armando Hinojosa.

En cambio, la investigación sobre las propiedades o posibles propiedades de Videgaray y de su familia se limitan al Estado de México.

Raymundo Riva Palacio asegura que las carpetas iniciadas contra Peña Nieto reflejan el final del pacto informal de inmunidad que se fue trabajando dos meses antes de la elección presidencial en 2018, a cambio que el ex presidente no interfiriera en la campaña ni en el proceso.