El fuero es tan rancio y obsoleto como el sistema político mexicano mismo.

Para darnos una idea, la inmunidad procesal (nombre correcto del “fuero”) fue una figura que nació en la Constitución de Cádiz, proclamada en las Cortes de España en marzo de 1812, en su artículo 128 Capítulo VI.

“Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad, podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales, que contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el Tribunal de las Cortes, en el modo y forma que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las mismas. Durante las sesiones de las Cortes, y un mes después, los diputados no podrán ser demandados civilmente ni ejecutados por deudas”, mencionaba el apartado que tuvo como objeto proteger a los políticos de persecuciones de opositores al terminar sus cargos o durante el ejercicio del puesto público, evitaba para los funcionarios tener que lidiar con procesos penales de enemigos que no quisieran dejarles trabajar.

Así nació el fuero en México hace ya más de 200 años.

Lo añejo no es lo preocupante, sino la inutilidad de esta ley.

De 1907 a la fecha, en México, sólo a ocho personas se les ha retirado la inmunidad procesal.

De hecho, el desafuero más conocido es el que sufrió el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el 2005 cuando fue acusado de violar orden judicial por construir calle en un terreno expropiado como jefe del Distrito Federal.

En Puebla, a ningún diputado se le quitó el fuero constitucional a pesar de existir pruebas suficientes para hacerlo.

En su momento, Jorgito Aguilar Chedraui, ex presidente del Congreso del estado, fue acusado, ya como diputado local, de quebrantar las arcas del estado a su paso por la Secretaría de Salud, lo que bien pudo terminar en un proceso de desafuero y luego una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. Y, sin embargo.

Este solo es uno de los muchos ignominiosos casos con los que diputados locales, magistrados, jueces y hasta los propios gobernadores navegaban con la bandera de la impunidad — o del malentendido fuero — para cometer cuantos delitos y tropelías tenían al alcance de sus intocables manos.

Este miércoles, el pleno del Legislativo local, en su mayoría controlado por Morena, pasó a la historia en Puebla al aprobar en sesión virtual la Ley #FueraFuero, que retira de la Constitución Política del Estado de Puebla la figura de inmunidad procesal para que el gobernador Miguel Barbosa (y sus sucesores), el auditor Francisco Romero, los 41 diputados locales, y los magistrados ya sean ciudadanos comunes y corrientes como cualquiera de nosotros sin ningún privilegio legal.

¿Quién será la primera víctima de la Ley #FueraFuero?

En el primer lugar de la lista no podría aparecer otro nombre más que el del diputado local José Juan Espinosa, quien ya está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción, la cual está integrando una abultada carpeta en la que también están incluidos su esposa Nancy de la Sierra y su cuñado Óscar de la Sierra Arámburo, con quienes habría montado una mafia inmobiliaria para lavar dinero en la zona de San Andrés y San Pedro Cholula, Atlixco y en Puebla capital.

Además, Espinosa Torres tiene abiertas al menos un par de carpetas de investigación en la FGE por los delitos de robo equipara, despojo, abuso de funciones, amenazas y extorsiones, los cuales fueron cometidos como alcalde de Cholula.

Sin fuero, el “JJ” tiene un pie y medio en la cárcel.

Para nadie sería una sorpresa la noticia de su fuga en los próximos días.

En el segundo lugar se encuentra el morenovallista Jorge Benito Cruz, actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia, puesto al que llegó gracias a la genuflexión mostrada hacia su difunto padrino Luis Maldonado y hacia el siniestro Rafael Moreno Valle.

Sobre Cruz Bermúdez, quien fue una de las piezas claves del Fraude Electoral contra Barbosa al ser la mano que movía los hilos del PRD en la amañada elección gubernamental del 2018, pesan las investigaciones de peculado y desvío de recursos públicos a su paso por la SEP, CAPCEE y SGG.

El gobernador poblano argumentó que la desaparición del Capcee, del fuera titular Jorge Benito, se debió a que ahí se cometieron “una bola de irregularidades”, como fue la construcción del tren turístico entre Puebla y Cholula, con un costo superior a los mil 200 millones de pesos, una obra ajena al sector educativo.

En el tercer puesto de la lista de objetivo de la Ley #FueraFuero se ubica el también diputado local Héctor Alonso Granados, a quien ya nadie quiere apestando a su bancada en el Legislativo local.

El morenovallista, que se infiltró en las filas de Morena junto con José Juan Espinosa, podría ser acusado por violencia política de género por las legisladoras Vianey García y Nora Merino, quienes son víctimas constantes de la misoginia de este cavernícola doblado a político aldeano.

Por último, pero no menos importante, la lista la completa el liliputiense Oswaldito Jiménez, líder charro de la minibancada del PAN en la actual legislatura, quien no sólo es un enano con delirios de grandeza, sino que también es un corrupto ejemplar graduado con honores de la escuela morenovallista.

El sobrino incómodo del ex gobernador Tony Gali es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera del estado por enriquecimiento y operaciones de activos de dudosa procedencia, una vez que quien esto escribe documentó la casa blanca que el Payaso Pillín se compró en un lujoso fraccionamiento de Atlixco.

La eliminación del fuero en Puebla es un gran avance para el sistema de justicia del estado.

Se acabaron los ladrones impunes de cuello blanco.

Es cuestión de días para conocer a la primera víctima de la Ley #FueraFuero.

Las apuestas ya están sobre la mesa.