Si al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le vale un comino lo que suceda con las Pymes ante la crisis económica generada por la pandemia y el Covid-19, al gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, sí debería importarle.
Porque el contagio del nuevo mal del siglo no sólo va a dejar cientos, miles y hasta millones de muertos en todo el país sino una severa crisis económica, una recesión grave, más desempleo, más pobreza y una aguda miseria en todo planeta.
En México, sin duda, ahora habrá más pobres que antes del inicio del gobierno de López Obrador.
Empero, al parecer el mal manejo de las finanzas y la economía nacional, por parte del gobierno federal, darán al traste al ciudadano de a pie y a sus bolsillos, a la estabilidad de sus negocios y la de sus familias.
De acuerdo con los pronósticos de especialistas e instituciones financieras, como BBVA, en el peor de los escenarios, el Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país podría caer en más de 12 por ciento este año.
Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican que la caída en América Latina sería de más del 5.2 por ciento y el descenso de la economía norteamericana de 5.9 por ciento.
Por si fuera poco, las afectaciones en México serán gravísimas, pues la caída en la economía en territorio nacional sería de más del 8 por ciento.
Esto, provocado por la mala estrategia económica implementada por la federación, pues mucho antes de la crisis sanitaria, en el cuarto trimestre de 2019, el PIB retrocedió en -0.4 por ciento a tasa anual, con cifras desestacionalizadas.
Tan sólo en el primer trimestre de 2020, antes de que el coletazo del coronavirus pegara en el país, ya registramos un retroceso de -2.4 por ciento.
El gobierno de México se ha negado a echar andar políticas económicas activas para impedir que el efecto del confinamiento tenga un impacto mayor en la actividad productiva.
Es por ello que el gobernador Miguel Barbosa está obligado a hacer algo distinto, a evitar más quiebres de empresas, de negocios y de Pymes, las cuales están al borde de la banca rota si es que no se implementa una política que les permita sobrevivir.
El mandatario ayer recordó en su conferencia de prensa mañanera que el estado ha diferido el pago de impuestos y prorrogado estas obligaciones fiscales, lo que apoya al empresario de manera directa.
Empero, esto parece insuficiente debido a que se avecina un cierre masivo de empresas, las cuales ya no tienen ni para pagar la renta de sus locales.
En Puebla se requiere un programa especial de rescate a las empresas poblanas, un programa completo de políticas fiscales expansivas para amortiguar los efectos y consecuencias de la crisis en salud.
Sería bueno conocer a detalle a quién, o a quienes, se le otorgaron los famosos créditos anunciados, los cuales otorgaban hasta 5 millones de pesos.
Hace falta que se apoye a las Pymes, que se eche a andar, insisto, un programa más efectivo de estímulos a la actividad económica y de apoyo -mucho más accesible- a los sectores empresariales más desprotegidos.
Porque el fantasma del desempleo en el país, y en particular en el estado de Puebla, ya ronda a muchos sectores de la economía como la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).
Ojalá que el gobierno de Puebla haga un esfuerzo y empuje a las empresas locales, sobre todo a las Pymes, para que logren su supervivencia. De lo contrario el desempleo, en un corto tiempo, se va a convertir en inseguridad.
Es el colmo que FMI señale que los “apoyos fiscales” aplicados en México a través de transferencias directas a la población de menos recursos, o bien mediante créditos a microempresas, apenas llegue al 1.5 por ciento del PIB, mientras que en naciones como Perú se haya llegado a niveles de más del 12 por ciento.
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