Mientras el país se enfila a un precipicio, a una severa crisis económica y financiera provocada por el mal del siglo, el Coronavirus; mientras se cae a pedazos por la grave inseguridad que azota en todos los estados; mientras el gobierno disputa una nueva guerra contra los medios por la millonaria fortuna de la familia Ackerman Sandoval, mientras los contagios siguen al alza y no hay como controlarlos, después de todo esto usted ya se preguntó ¿y después del Covid-19 qué?
Y eso sin haber mencionado antes, el desempleo provocado por la interminable cuarentena y la pobreza y miseria en la que entrará gran parte de la población una vez que llegue la “nueva normalidad”.
Porque del turismo ya mejor ni hablamos, si no las cosas se ponen peor.
¿Qué carajo estamos haciendo para recibir, preparados o no, todo esto?
¿Qué está haciendo el gobierno federal para contrarrestar todos estos males que seguramente nos van a meter ahora a una crisis mucho más peligrosa, tal vez más mortal?
Un problema que podría provocar una mayor inseguridad y una ingobernabilidad peor que la que hoy estamos viviendo.
Porque la violencia en México está desbordada.
Allí están Guanajuato, Veracruz y Chiapas como ejemplo de que la violencia, la ingobernabilidad, el narco y la irritabilidad de la gente está creciendo.
No entiendo cómo el gobierno federal alinea a sus funcionarios para hacerle la guerra al periodista Carlos Loret de Mola por haber ventilado el millonario patrimonio inmobiliario de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, y su esposo el investigador y académico John Mill Ackerman Rose, y no atiende y apoya a los más pobres.
Porque en las calles seguimos viendo indígenas pidiendo dinero, niños trabajando a plenos rayos del sol, personas muriendo por no tener ni seguridad social, ni recursos para atenderse en un hospital privado.
Y el gobierno gastando sus recursos y todo su potencial humano y económico en guerras personales con los medios.
¿Quién carajo dice algo de los más de 10 millones de nuevos pobres, o de miserables, que habrá en el país una vez que termine la pandemia y el coronavirus?
¿Qué va a pasar con los negocios, chicos, medianos y grandes que se declaren en quiebra?
¿Qué pasará con todos los desempleados?
Si en México no hay empleo no hay ingresos económicos, y si esto pasa entonces tampoco hay gasto, y mucho menos reactivación económica, las empresas no pueden funcionar si la gente no tiene dinero.
Desde luego los más afectados con esta situación serán los más pobres, quienes podrían pasar de pobres a prácticamente miserables, y los indígenas son, tal vez, la parte más vulnerable.
Ante tal escenario, la pobreza total por ingresos pasaría de 61.1 millones de personas en 2018 a 70.9 millones en 2020, una cifra record. Mientras que la población en pobreza extrema pasaría de 21 a 31.7 millones de personas entre 2018 y 2020.
De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se estima que una de cada cuatro personas tendrá ingresos de hambre, ingresos por debajo de la línea de la pobreza extrema, lo que significa que no podrán adquirir ya ni siquiera la canasta alimentaria.
Y el gobierno preocupado en defenderse de un periodista.
Recientemente, el periódico Excélsior publicó una investigación que indica que el 70 por ciento de los mexicanos que ya perdieron su trabajo por la pandemia son jóvenes de hasta 29 años, “lo que representa un riesgo no sólo para su desarrollo personal, sino para las familias, las comunidades y el país en su conjunto”.
Y lo peor, según el trabajo periodístico la mayor parte de estos casos se concentran en el sector servicios y turismo, principalmente en los estados de Quintana Roo, Nayarit y la Ciudad de México.
Empero, puntualiza que el espectro de carencias es mucho más amplio, pues del universo de jóvenes empleados: 67% carece de un ingreso suficiente para cubrir el costo de la canasta básica para una familia de dos personas, 31.61% no cuenta con seguridad social por su trabajo, 7% estaba subempleado, 25% tenía jornadas laborales excesivas por encima de 48 horas a la semana, y 43% no contaba con prestaciones.
De acuerdo con datos del IMSS, tan sólo en mayo se perdieron 344 mil 526 empleos formales que, sumados con los despidos de marzo y abril, la cifra supera un millón de empleos perdidos.
Según la CEPAL y la FAO, el incremento de la pobreza extrema en México alcanzaría a 19.4 millones de personas en 2020, principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.
Este es el triste panorama de los mexicanos actualmente, cuando los casos y contagios de Covid-19 no cesan.
Y el gobierno federal peleando porque no se trastoque su honorabilidad, que bárbaros.
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