Según registros de transparencia, durante 2019 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibió 303 peticiones de jueces y magistrados de Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guerrero y el Estado de México para que se les asignara alguna medida de seguridad como escoltas, vehículos blindados, ropa antibalas o cambios de adscripción.

Precisamente en uno de esos estados, a cuatro meses de haber llegado a Colima, el juez federal Uriel Villegas Ortiz fue asesinado ayer junto con su esposa, Verónica Barajas, por un grupo armado que logró ingresar hasta su domicilio.

Fue el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien interrumpió la sesión del pleno de ministros para denunciar y condenar el homicidio ocurrido en Colima, así como hacer un llamado, junto con sus compañeros, a garantizar la seguridad de la ciudadanía.

“No a la violencia, el camino para resolver las cuestiones tiene que darse a través del derecho y de los instrumentos que un Estado democrático establece. Es obligación del Estado garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del país y de manera especial para quienes arriesgan su vida para proteger los derechos de todas y todos”, puntualizó.

Precisamente, en las regiones donde operan agrupaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el del Golfo, la Familia Michoacana, el Consejo de la Judicatura Federal ha buscado reforzar la seguridad para juzgadores federales que revisan asuntos relacionados con la delincuencia organizada.

De las 303 solicitudes presentadas ante el Consejo por las y los impartidores de justicia y que fueron revisadas por la cúpula del Poder Judicial de la Federación, 199 fueron autorizadas. Por motivos de seguridad, el CJF no aportó mayores detalles sobre dichas peticiones y sus alcances.

 

La preocupación por la integridad de los impartidores de justicia en México comenzó a demostrarse públicamente a finales de 2012 por el entonces presidente de la Corte y de la Judicatura, Juan Silva Meza, quien destacó la complejidad del trabajo como juzgador ante el panorama de inseguridad y violencia que comenzaba a permear en el país.

A ocho años de que el Poder Judicial se aceptara esta preocupación, el juez federal Uriel Villegas fue asesinado junto con su esposa a cuatros meses de ser enviado al estado de Colima y a tres años de ejercer como juzgador especializado en asuntos penales dos de ellos en Jalisco.

En 2018, Villegas llevó uno de los asuntos relacionados con Rubén Oseguera González El Menchito, hijo del capo Nemesio Oseguera El Mencho, cuando se desempeñaba como titular del Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales en Puente Grande Jalisco. En ese caso, el juzgador ordenó en marzo de 2018 el traslado de Oseguera González del penal federal 13 de Oaxaca, donde estuvo antes de ser extraditado a Estados Unidos, a la cárcel 2 de Occidente, en el Salto, Jalisco.