El pasado 14 de mayo se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que incluyó a la minería entre las actividades esenciales para reactivar la economía en el escenario pandémico. Por tal motivo, la segunda sesión del foro Extractivismo y defensa de los territorios. Debates para un mundo poscapitalista giró en torno a la actividad minera.

Defensa en tiempos de COVID-19 y 4T

Las empresas mineras utilizan una metodología sistemática de ruptura de tejidos en las comunidades. “Recursos como el agua y la tierra generan una serie de conflictos, pues son necesarios para estas actividades”, compartió Omar Esparza Zárate, integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maíz).

Desde un aspecto técnico, Francisco López Bárcenas, académico del Colegio de San Luis, A.C., indicó que, desde 1992, se abrió la posibilidad de que los capitales ingresaran al campo. Denunció que la ley minera es complaciente con las empresas de dicho sector. “Somos el único país en el mundo que cobra por hectárea y no por los minerales que van a ser extraídos”.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia nada ha cambiado. Como señaló la Dra. Violeta R. Núñez Rodríguez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, hay 25 mil títulos de concesión a mineras, de los cuales sólo se ha cancelado uno. Este interés, explicó, viene del hecho de que la minería es el primer eslabonamiento para los procesos productivos del modelo capitalista.

En contraste Alejandro Marreros Lobato, integrante del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural-Promoción y Desarrollo Social (CESDER-PRODES, A.C.), se refirió a la Minera Gorrión de Ixtacamaxtitlán, Puebla, la cual ha distribuido equipo de higiene personal y realizado estudios de impacto social. Se trata, dijo, de un oportunismo que busca reivindicar la imagen de la empresa ante la comunidad.

Cómo operan las mineras

Como referencia, el propio Marreros Lobato habló sobre el ejido de Tecoltemic, la cual ha impuesto múltiples recursos legales para evitar el avance de los trabajos de minería. A través de un intermediario, la compañía solicitó a la comunidad que desistiera de los amparos, pues se generarían empleos y se impulsaría la infraestructura del lugar, lo que fue interpretado como un soborno.

Del mismo modo, las comunidades mixtecas de Puebla han generado una serie de mecanismos de discusión en contra de la Minera Autlan. “Las empresas llegan y ofrecen trabajo donde, en realidad, ya existen”, ironizó Omar Esparza. Se han aprovechado de los conflictos agrarios para romper el tejido social e introducirse a través de supuestos apoyos legales, económicos y de comunicaciones.

Para el activista, es preocupante que en la reserva de la biósfera se multe a un campesino con miles de pesos, cosa que no ocurre con las grandes empresas. “Las propias instancias de gobierno hostigan y criminalizan a las personas del campo. Hay violencia hacia nosotros y hacia la Madre Tierra”.

Nuevas resistencias

México ocupa el primer lugar en conflictividad minera. El año pasado hubo 55 conflictos relacionados con ello. No obstante, informó la Dra. Violeta Núñez, la Red Mexicana contra la Minería reporta hasta 15 mil conflictos, los cuales se relacionan con la oposición de los pueblos indígenas, los daños a la salud pública y las huelgas de los trabajadores.

López Bárcenas señaló la necesidad de que la sociedad civil sea consciente de que el patrimonio nacional está siendo lapidado, lo cual no sólo afecta a los terratenientes. “Debemos dejar de pensar que las comunidades indígenas necesitan el apoyo del gobierno o de la inversión privada”.

“Todos los días, las personas de las comunidades están ideando alternativas en medio de ambientes de exclusión, represión y dominación. Ante los megaproyectos, la vida de los indígenas se ve como sacrificable”:  Alejandro Marreros.

Sobre la militarización del país, Omar Esparza reflexionó que la presencia de las fuerzas armadas en la vida pública ha representado un mecanismo de represión y censura para la imposición de los megaproyectos. Indicó que el trabajo articulado entre diferentes actores de la sociedad civil será fundamental. “Nos ha funcionado la acción directa: hay que ir directamente a las empresas a manifestarnos”.

Marco legal

Sobre el marco normativo, Núñez Rodríguez recordó que los pueblos tienen el derecho de decidir por su propio desarrollo. “Se necesitaría suspender cualquier tipo de concesión que afecte la ontología y los derechos de las comunidades”. Sobre la ley minera, destacó la importancia de discutir a profundidad los detalles que contemplan su carácter esencial, la operatividad y expropiación de territorios.

Para el Dr. Francisco Bárcenas, detener toda actividad minera no es una opción. “En todo caso, debemos evaluar cuánta cantidad de trabajo minero necesitamos. Con base en ello, realizar un plan de aprovechamiento”. No obstante, fue contundente al decir que la minería no es de utilidad pública, sino privada. “La existencia misma de la ley de minería es violatoria de los derechos de los indígenas”.

Proyectos alternativos

Omar Esparza enfatizó que las ciudades no pueden sobrevivir sin el campo. No obstante, los escenarios no son los mismos para todos los espacios. Algunas comunidades, dijo, no pueden valerse de los recursos naturales. “Si no es el campo, es la minería: nunca se ha dejado a los territorios en paz. La explotación de los recursos naturales no puede ser a costa de los pueblos originarios”, constató.