Cuando una ley es aprobada por el Congreso de algún Estado, sin haber cumplido con la mayoría de los requisitos y exigencias del proceso parlamentario, lo más seguro es que en el plazo que transcurre entre la aprobación de la ley y la promulgación por parte del ejecutivo, haya una crisis importante por la presión que ejercen los grupos sociales que se sienten no solo afectados, sino que en muchos de los casos, se sienten agraviados.
Y es que ahora, al Poder Legislativo además de exigirle el cumplimiento de lo que marca su reglamento interno y su ley orgánica en cuanto al cumplimiento de plazos, de turnos a comisión, de reuniones de las mismas comisiones, de deliberación, y al final, de aprobación, también se les exige (y que bueno que así sea) que los involucrados o afectados por una ley, sean tomados en cuenta, y puedan por lo menos, presentar y discutir sus propuestas.
Es decir, que previo a la discusión y aprobación de la ley, se realicen foros de consulta, Parlamento abierto y sobre todo, tiempo para poder hacer dichas aportaciones y que no haya dispensa de trámites legislativos.
Cuando esto no sucede, se ve venir una importante crisis, tal es el caso de la Ley de Educación en Puebla, que se aprobó el último día que el Congreso del Estado tenía para sacar adelante dicho ordenamiento, debido a la disposición transitoria de la reforma federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre del 2019, que obligaba a los Congresos de los Estados a legislar en la materia, poniéndoles un plazo de 180 días para armonizar su marco jurídico.
Eso debieron hacer los Diputados al recibir la iniciativa por parte del Ejecutivo. Por ser una Ley General la que ordena, armonizar la Ley de Educación del Estado de Puebla.
Sin embargo, la Ley de Educación aprobada fue más allá de la armonización exigida, es ambigua, y genera dudas que enfrentan al gobierno con la Sociedad, porque deja muchos temas sujetos a la interpretación o discrecionalidad de la autoridad, y en el momento histórico en que vivimos, parece grave no haber tomado en cuenta a las Universidades, ni a los colegios particulares; parece grave no haber escuchado a los padres de familia, ni a los representantes magisteriales; y da la impresión de haberse realizado en lo obscurito, al no haberse convocado a foros de debate, ni haber convocado a Parlamento abierto; y lo que es peor haberla aprobado en forma expres.
La reacción de los involucrados o afectados por esta aprobación ha sido fuerte y han manifestado su desacuerdo presentando sus argumentos y las alternativas que ellos consideran viables, siendo su máxima exigencia que no sea publicada la ley para que se regrese al Congreso y se incorporen las modificaciones propuestas.
Pero lo que realmente llama la atención, es el tono de descalificación, de burla y hasta de reclamo con en el que el Titular del Ejecutivo les ha contestado a sus demandas, ya sea por la vía del tuiter o en sus conferencias de prensa mañaneras.
Esto ha motivado que lo que debiera ser la Ley de Educación para el Estado de Puebla, se convierta en la “Ley Barbosa”, es decir, el imaginario colectivo le ha puesto el apellido del gobernante, y la experiencia nos dice que cuando esto pasa, la descalificación a los contenidos se da más por la suma de negativos, que por un conocimiento de los alcances de la propia ley.
Ejemplos hay muchos, sobre todo en Puebla, y como dijera Don Alejandro Mondragón, “Puebla siempre presente en los grandes eventos”. Hay que recordar aquella famosa “Ley Bartlett” en 1998, que en realidad era la Ley para el Federalismo Hacendario, en donde el gobernador pretendía modificar los fórmulas de distribución de los recursos destinados a los municipios, creando órganos paralelos a los ayuntamientos, para que fuera el propio gobernador el que decidiera sobre ellos, dicha ley fue abrogada en 2009; y no hace mucho, en el 2014, la famosa “Ley Bala”, que establecía el uso legitimo de la fuerza por parte de los elementos policiales, que desafortunadamente, la sensible muerte de un niño, motivó su desaprobación total, y al final, la derogación de la Ley que estuvo sujeta, durante muchos años, a la critica social.
Qué desenlace tendrá la llamada “Ley Barbosa”, que por el manejo legislativo, comunicacional y político, ya ha sido trasladado a la esfera y crítica nacional. Serán escuchados los actores sociales involucrados, o serán ignorados. Si la Ley es publicada, cuanto tiempo estará en vigor antes de que sea modificada, abrogada o derogada.
Estaremos atentos al proceso político que siga, pero lo más importante, es que se quite la carga ideológica que algunos artículos contiene, y se atiendan las necesidades de la sociedad. Para eso son las leyes.
*Es Maestro en Negociación por la Universidad Carlos III de Madrid, España.
