En la Unión Americana se conoce como “ciudad santuario” a toda aquella jurisdicción territorial que limita su cooperación con las autoridades migratorias federales. Chicago, al igual que todo el estado de Illinois, ha adoptado esta postura política siendo un lugar con una histórica e importante presencia latina.
Durante el foro virtual Migrantes mexicanos en Chicago y la pandemia del COVID-19 organizado en el marco de la iniciativa Compromiso Social de la IBERO Puebla en medio del COVID-19 por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. (IDHIE) y la Licenciatura en Relaciones Internacionales, la Dra. María Vidal de Haymes, académica de la Loyola University, compartió que, hasta el 14 de mayo, había 34,413 casos de covid-19 y 1,552 muertes en Chicago. Del total de contagios, 10,936 eran latinos.
Mencionó que la población latina suele vivir en espacios que no propician el distanciamiento social. De igual manera, muchas de estas personas cumplen trabajos esenciales, lo cual ha derivado en que el 60% de las familias latinas reporten dificultades económicas. “A pesar del seguro de desempleo, el cual será reducido en julio, las familias latinas no pueden recuperar sus horas laborales completas”.
Señaló que uno de cada siete adultos de familias migrantes sin ciudadanía evitó programas de asistencia pública por miedo a represalias. Entre las respuestas por parte de la alcaldía, Vidal de Haymes destacó la iniciativa Racial Equity Rapid Response, estrategia implementada para disminuir la disparidad en el sistema de salud y que contempla mayor disponibilidad de pruebas para la comunidad latina.
Las zonas más afectadas por el COVID-19 en Chicago son mayoritariamente ocupadas por latinos. De cada 10 personas afectadas, cuatro son latinos.
Recordó que alrededor de 9.9 millones de migrantes no tienen acceso a los beneficios de la Ley CARES, la estrategia federal de seguridad económica ante la crisis del coronavirus. Dicho estímulo provee un pago de 1,200 USD a individuos que ganan menos de 75,000 USD al año.
Por otro lado, la académica indicó que casi 30 mil personas se encuentran en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En 42 de estos centros de detención se han presentado 943 casos de COVID-19. “Los centros de ICE se caracterizan por [ser] instalaciones deplorables y [con] maltrato verbal y físico hacia los detenidos. Esta condición empeora en el contexto actual”, denunció, ya que hay una preocupación creciente por las muertes recientes a causa de COVID-19 en los centros de detención migratoria de ICE.
Apoyo focalizado
En alusión a la política promigrantes de Chicago, Iván Medina, MSW, académico de la Loyola University, se refirió a la Ley Keep Families Together, la cual limita las operaciones del ICE en escuelas públicas, universidades, bibliotecas y hospitales. Pese a los esfuerzos del presidente Donald Trump por retener las subvenciones federales de vigilancia, dicha medida no ha prosperado por completo en instancias federales.
De igual manera, indicó que la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, firmó una orden ejecutiva que garantiza que todos los servicios públicos serán accesibles para todas y todos los residentes. Algunas de las medidas específicas frente a la pandemia incluyen:
El establecimiento del programa Housing Assistance Grant, el cual proporciona ayuda por los costos de vivienda.
La puesta en marcha de un Fondo de Resiliencia para Pequeñas Empresas de Chicago.
La Ordenanza de Responsabilidad en Comunicación y Transparencia (ACT) para terminar el acceso de la ICE a las bases de datos del Departamento de Policía de Chicago, lo que garantiza protección a las familias migrantes.
Medina puso en tela de juicio el concepto de “trabajadores esenciales”, siendo que pueden llegar a ser considerados “desechables”. Los estadounidenses, dijo, “han confiado en los trabajadores de bajos salarios para mantener los servicios, pero muchos de ellos carecen de estatus legal de inmigración y lo han hecho sin recibir ninguna ayuda financiera”
Solidaridad entre latinos
Caridades Católicas es una organización sin fines de lucro que busca ser un brazo de servicios sociales para la Arquidiócesis Chicago. Cuentan con 150 oficinas en Illinois y más de 160 programas. “Nuestra acción se basa en conectar a la comunidad latina con los servicios, hacer diagnósticos comunitarios y tener incidencia social”, indicó la Dra. Cary Rositas-Sheftel, gerente de Asuntos Latinos en dicha organización.
El coronavirus, comentó la activista, puso en primer plano la división racial, pobreza y exclusión que se vive en Chicago, así como el miedo permanente a la persecución y detención. Por tales motivos, sus necesidades tienen que ver con cuestiones alimenticias, asistencia financiera e información.
Destacó que Caridades Católicas se mantiene operando a un 80% de manera presencial y a distancia. “Desde marzo, hemos atendido a 45,700 clientes y establecido 9 mil contactos a través de la telesalud”. Entre los programas reforzados durante la pandemia se encuentran llevar compras de los supermercados a familias con bajos ingresos, cuidado de adultos mayores, asistencia legal y refugios para víctimas de violencia de género.
Todas las organizaciones con este carácter asistencial, concluyó Rositas-Sheftel, necesitan personas voluntarias, fondos y servicios culturalmente competentes para seguir operando. “El coronavirus nos está abofeteando en la cara para recordarnos que hay un componente de justicia social que no se debe olvidar”.
