Expertos en el sistema penitenciario mexicano y activistas por los derechos de los reclusos expresaron este miércoles sus dudas sobre las cifras oficiales de casos de COVID-19 en las cárceles del país ya que consideran que son más de los 92 contagios confirmados.

“Hay que ver si estas cifras son reales porque está raro que en prisiones con hacinamiento en las que siguen entrando familiares no haya muchísimos más contagios”, expresó la presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, durante una mesa de análisis titulada “Las cárceles: una bomba de tiempo en la contingencia”.

Por su parte, la directora de la asociación Reinserta, Saskia Niño de Rivera, cuestionó la “veracidad” de estos datos porque su organización ha detectado un “aumento de casos de neumonía atípica” en las penitenciarías y calcula que solo en cárceles de Ciudad de México hay al menos 60 casos de COVID-19 que no han salido a la luz.

En México hay 19 prisiones federales de alta seguridad con cerca de 17,000 reclusos y 309 penales estatales con unos 176,000 encarcelados. El 32% de los centros estatales presentan problemas de hacinamiento.

El país acumula más de 2,500 muertos por COVID-19 y 26,000 casos, aunque el Gobierno, que no realiza pruebas masivas a la población, cree que el número de contagiados es nueve veces mayor.

Los expertos y activistas coincidieron en la falta de medidas sanitarias en las cárceles del país, puesto que en muchos estados se siguen permitiendo las visitas de familiares o de parejas reclusas en otros penales.

“No hay manera de cerrar las puertas de las prisiones porque hay una corrupción sistematizada en la que los familiares tienen que pagar a los custodios para visitar a sus familiares y entregarles comida”, explicó Niño de Rivera.

La entrega de comida por parte de las familias supone una parte muy importante para la alimentación de los reclusos puesto que “el sistema penitenciario lleva décadas de abandono”, comentó Eduardo Guerrero, asesor en materia penitenciaria.

Apolonio Armenta, titular de la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario del norteño estado Coahuila, atribuyó los casos de corrupción y violaciones de los derechos humanos en las cárceles mexicanas a que es “mínima” la cantidad de recursos que se destina al sistema penitenciario.

“Los internos comen lo que el presupuesto les permite. Sin embargo, los estados tienen poca capacidad económica por sí solos”, expresó.

Los participantes en el debate coincidieron que la Ley de Amnistía aprobada el 20 de abril para liberar a personas que cometieron delitos leves, como aborto, robo sin violencia o posesión de drogas, es insuficiente dado que solo se aplicará en las cárceles federales cuando la mayoría de reclusos por estos delitos están en prisiones estatales.

Niño de Rivera tachó esta ley de “falacia” y recordó que la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016 es más efectiva para liberar a presos en cárceles estatales que son vulnerables por la pandemia.

Ana Pecova, directora de EQUIS Justicia para las Mujeres, dijo que la Ley de Amnistía es “simbólica” pero lanza el mensaje a los estados de que acciones como el aborto no tienen que ser delitos.

Recordó que hasta el momento ninguna mujer (el 5% de la población encarcelada) ha sido liberada por la Ley Nacional de Ejecución Penal y pidió “revisar la política de drogas” que ha llevado injustamente a muchas mujeres a prisión.