Ante la falta de acciones concretas en materia de seguridad, cada entidad federativa implementa medidas que podrían tener consecuencias graves en materia de garantías individuales

Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, la presencia de las fuerzas armadas en el espacio público se ha vuelto habitual en muchos puntos del país. En muchos casos, desempeñando tareas correspondientes a la policía.

Si bien la pandemia es prioridad, el mundo sigue su órbita. “Se ha dejado de lado el tema de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia organizada”, considera Tadeo Luna de la Mora, responsable de Seguridad y Justicia en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. (IDHIE) de la IBERO Puebla.

Con la puesta en marcha de los planes DN-III y Marina, estrategias de seguridad para situaciones extraordinarias, la presencia de elementos armados en las calles ha provocado alta controversia en países democráticos. No obstante, México se encuentra en otra etapa de la militarización.

“Hay una debilidad institucional tan grande que necesitamos que los militares se encarguen de gestionar los servicios de salud”, reflexiona el académico. Además de las labores de apoyo en la contingencia, el ejército ha recibido encomiendas ajenas a sus funciones elementales, como el transporte de hidrocarburos o la construcción de infraestructura.

Por tal motivo, resulta imprescindible que las instancias gubernamentales se manejen en términos de legitimidad, esto para lograr que las indicaciones sanitarias sean atendidas adecuadamente. “Esto no está ocurriendo en todos los contextos, lo cual delata la falta de estrategias comunicacionales efectivas para sectores específicos de la población”, indicó Luna de la Mora.

El principal riesgo de militarizar las calles recae en el autoritarismo, pues la milicia no está capacitada para tratar con la ciudadanía. Por ende, existe el riesgo de detenciones arbitrarias, abusos de poder y tortura, acciones llevadas a cabo en el pasado en reiteradas ocasiones.

“Se maneja una falsa dicotomía: erróneamente se piensa que más seguridad implica menos derechos, cuando ambos factores deben ir de la mano. A mayor ejercicio de los derechos se dan mayores certezas”: Tadeo Luna.

Los índices delictivos han cambiado. Si bien es pronto para ofrecer un diagnóstico con estadísticas oficiales, es de esperarse que delitos como robo a transeúntes y a casa habitación hayan disminuido debido al confinamiento ciudadano. Por el mismo motivo, situaciones como violencia doméstica y crímenes cibernéticos se han potenciado por las nuevas dinámicas de convivencia.

Seguridad centralizada

Como reconoció Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del estado de Nuevo León, no ha existido un trabajo articulado entre el gobierno federal y las entidades federativas ni en materia económica ni de seguridad. Aunado a ello, la inversión ha descuidado otros sectores en el afán de contener la crisis sanitaria. En respuesta, se ha optado por estrategias regionales para hacer frente a la crisis.

Al mismo tiempo, las acciones para atender la salud de las comunidades rurales e indígenas no han estado a la altura de las circunstancias. “Esto no es nuevo: el derecho a la salud en las zonas más alejadas de México ha sido un tema pendiente a lo largo de los años y una violación grave a los derechos humanos”.

Esto no solo trastoca cuestiones sanitarias, sino de acceso a la información y transparencia. Para el académico de la IBERO Puebla, las conferencias matutinas no son un ejercicio efectivo de estos derechos, pues queda demostrado que la información no está al alcance de toda la población.

Tadeo Luna llama a vigilar que la gestión de la pandemia no derive en una restricción de las libertades civiles. “En el caso de México, da la impresión de que esta licencia de poder a las fuerzas armadas comenzó hace 14 años y se legalizó con la creación de la Guardia Nacional”. Los estados de alerta y de excepción no deben, concluye, anteponerse a los derechos humanos.